Desde hace tres décadas las promesas de una reforma migratoria han sido recurrentes y sin resultados positivos. Ahora que los legisladores demócratas buscan cumplir con la promesa de campaña del presidente Joe Biden, algunos piensan que se trata de un simple Déjà vu, pero otros consideran que los inmigrantes beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de Accion Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) podrían convertirse en la “cabecera de playa” que facilite el camino para sacar de la clandestinidad a once millones de indocumentados.
Muchos consideran que es difícil que en los próximos veinticuatro meses el Congreso apruebe una reforma migratoria global, por lo que la estrategia escalonada, empezando con TPS y DACA, sería factible si se garantiza una vía legal hacia la ciudadanía.
Para Lorella Praeli, presidenta de la organización Community Change Action, la vieja estrategia del “todo o nada” no funciona y es hora buscar una legalización gradual y sistemática cuyo objetivo final sea el beneficio migratorio para once millones de inmigrantes.
“El compromiso de las organizaciones pro inmigrantes es la legalización de once millones, en donde el derecho a la ciudadanía este garantizado. Es tiempo de dejar atrás las estrategias que no funcionaron en el pasado”, dijo Praeli a la prensa de Washington.
Agregó es que mientras exista mayoría demócrata en el Congreso es urgente legalizar a la mayor cantidad de gente posible, incluyendo en primer lugar a trabajadores esenciales, jóvenes “soñadores” y personas con TPS.
Explicó que en la actualidad existen aproximadamente 411.000 inmigrantes beneficiados con TPS (El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudan del Sur, Sudán, Siria y Yemen) y cerca de 700 mil favorecidos con DACA que desde hace años esperan salir del limbo migratorio en que se encuentran.
Este razonamiento va en concordancia con un reciente informe del Center for American Progress que asegura el legalizar a las personas con TPS no generaría un aumento en la inmigración no regulada desde esos países.
Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas, manifestó que la ambiciosa propuesta legislativa presentada este jueves por el senador Bob Menéndez y la representante Linda Sánchez obliga a todas las organizaciones a avanzar con propuestas de legislación concretas y específicamente que permitan soluciones en el breve plazo.
“Seguiremos instando a nuestros representantes y senadores a apoyar toda iniciativa legislativa que tenga como objetivo permitirnos avanzar con la reforma Nuestras comunidades necesitan desesperadamente resultados concretos ahora”, agregó Chacón.
Matt Nelson, director de la organización PRESENTE, enfatizó que si existe la voluntad real de transformar el sistema migratorio se necesita que el Congreso y la Casa Blanca escuchen a las propuestas de las organizaciones de base.
“El Partido Demócrata llegó al poder por la voluntad de muchos electores hispanos y esperamos que nuestros líderes produzcan los resultados que nuestras familias necesitan para prosperar. Necesitamos líderes valientes y sin temor que cumplan con su deber y antepongan los derechos humanos ante cualquier otro interés”, acotó Nelson.
Propuesta formal
La propuesta presentada este jueves ante el Congreso pretende legalizar a millones de indocumentados que puedan demostrar su presencia en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021 y no tengan antecedentes criminales.
Estos son diez puntos clave sobre cuáles, y cómo, los inmigrantes se verían favorecidos si el plan es aprobado en el Congreso:
1 - Los inmigrantes protegidos con los programas Acción Diferida (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS) obtendrían la residencia permanente de forma inmediata y la ciudadanía en tres años.
Los trabajadores agrícolas que hayan laborado en el campo durante al menos cinco años también pueden solicitar directamente la residencia permanente y tres años más tarde podrían acceder a la ciudadanía estadounidense.
El resto de los indocumentados que cumplan los requisitos obtendrían un permiso temporal de cinco años, plazo tras el cual podrían solicitar la residencia permanente y tres años más tarde la naturalización.
2- El plan permite el acceso a la residencia permanente a algunos inmigrantes presentes con visas válidas como la H-2A, otorgada a campesinos, o cualquiera que "se haya involucrado en servicios o mano de obra de infraestructura crítica esencial”, específica el texto.
3- Se acelerarían el proceso de petición de familiares de residentes permanentes, lo que favorecería a un gran número de las llamadas parejas mixtas, compuestas por un portador de la "tarjeta verde" ("green card") y un indocumentado.
4- Elimina el castigo de 3 y 10 años que prohíbe a los inmigrantes volver a EEUU por haber vivido de forma irregular en el país.
5- Ninguna persona que reúna los requisitos para acogerse al plan puede ser deportada mientras está en el proceso.
6- El proyecto de ley permitiría que cualquier persona que haga una solicitud para legalizarse obtenga un permiso de trabajo mientras el gobierno procesa la solicitud, lo que, dada la cantidad de peticionarios, podría demorar mucho tiempo.
7- Elimina el plazo de un año para presentar solicitudes de asilo, reduce los retrasos en las solicitudes de este beneficio, aumenta la protección para los peticionarios de visas U, T y VAWA, que protegen a víctimas de violencia doméstica y testigos de crímenes, entre otros.
8- El plan expande el número de visas otorgadas a los familiares de ciudadanos estadounidenses, eliminado esperas de años para ingresar legalmente al país.
9- El proyecto restaura una exención general para algunos argumentos que hacen inadmisible a un inmigrante para obtener una residencia permanente, y lo coloca en proceso de deportación.
10- El proyecto de ley también crea un programa piloto para estimular el desarrollo económico regional e incentiva salarios más altos para visas de no inmigrantes altamente calificados para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses, una de las críticas más constantes de los legisladores republicanos.
