WASHINGTON (CNS).- Si se ha reportado una acusación creíble de conducta sexual inapropiada contra un obispo retirado, su sucesor puede actuar para limitar la extensión del ministerio del obispo retirado, incluyendo la celebración de los sacramentos y el derecho a ser enterrado en la catedral diocesana, según el borrador de un documento que fue presentado a los obispos el primer día de su reunión general de primavera realizado del 11 al 13 de junio en Baltimore, Maryland.

El protocolo sobre “restricciones no-penales disponibles sobre obispos", iba a ser puesto a votación cuando los obispos se reunieron el noviembre pasado.  Sin embargo, el Vaticano pidió que retrasara el procedimiento hasta que se realizara su reunión de febrero con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para debatir la crisis de abusos.

El comité administrativo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, había decidido el septiembre pasado que el desarrollo de un protocolo de este tipo sería útil, dijo el obispo Robert P. Deeley de Portland, Maine, presidente del comité de los obispos sobre asuntos canónicos y gobierno de la iglesia.

Al demorar cualquier posible votación en el documento en el pasado otoño, los obispos tuvieron más tiempo para ofrecer sugerencias en cuanto al documento.

"La autoridad de imponer sanciones a los obispos que han cometido actos ilícitos por acción u omisión, recae solamente en el sumo pontífice", recordó el obispo Deeley a sus compañeros obispos. Pero hay "instrumentos existentes en la ley canónica que están disponibles para que obispos diocesanos impongan sanciones".

El documento propuesto usa el término "obispo emérito" para referirse a cualquier obispo que se ha retirado por edad o por "una causa grave" o que fue destituido de sus funciones por el Papa.

"El obispo diocesano informará al obispo emérito que se hará una notificación pública sobre la situación y sobre cualquier medida aceptada por él o aplicada al obispo emérito", dice el borrador del documento. "Antes de emitir tal notificación pública, los obispos diocesanos informarán al nuncio apostólico sus comunicaciones con el obispo emérito y consultarán con el nuncio apostólico las medidas que serán impuestas".

Esas restricciones pueden incluir "una declaración a efecto de que el obispo emérito no representa a la diócesis de ninguna manera ni actúa en su nombre y no puede hacer declaraciones públicas sobre las presuntas faltas, ya que esto podría ocasionar más daño a las víctimas o ir en detrimento de la feligresía".

Un obispo diocesano puede prohibirle a un obispo retirado que predique, lo que es un derecho canónico de cualquier clérigo. "El correspondiente obispo diocesano puede también solicitar que la sede apostólica extienda la prohibición más ampliamente o niegue enteramente el ejercicio de ese derecho", dice el documento propuesto.

Los obispos diocesanos también pueden quitarle a un obispo retirado el derecho a conferir el sacramento de la confirmación o escuchar confesiones.

"Al obispo emérito se le puede negar la comisión necesaria para ser testigo de matrimonios", agrega el documento. "El obispo diocesano puede requerirle al obispo emérito, por escrito, que no celebre públicamente otros sacramentos o ritos de la iglesia".

Mientras los obispos estadounidenses, en su "Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos", establece que los obispos retirados tienen el derecho a beneficios de retiro y sustento, "el obispo diocesano puede ajustar los beneficios otorgados al obispo emérito que establece este protocolo", según el borrador. "Por ejemplo, el obispo diocesano puede decidir que no es necesario proveer fondos para cubrir costos de viajes o secretarios asistentes".

En relación con la posibilidad de ser enterrado en la catedral diocesana, "el obispo diocesano prudentemente decidirá basándose en las circunstancias locales si el obispo emérito será enterrado en la catedral o deben realizarse otros arreglos fúnebres".

Mucho del protocolo propuesto depende de que el obispo retirado esté de acuerdo al requerimiento y directrices de su sucesor. En caso de que él se oponga, el documento propuesto añade "el obispo diocesano puede tomar medidas dentro de su competencia y fuertemente requerir una mayor y rápida intervención de la Sede Apostólica sobre cuestiones que no son de su competencia".

Se ha establecido que la votación sobre el protocolo propuesto será el 13 de junio, mientras los obispos podrán someter enmiendas hasta el final de la sesión del 12 de junio. Para ser aprobado, el documento requiere un voto afirmativo de dos tercios de todos los miembros de la USCCB.