Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Nicaragua y Sudán lograron sobrepasar esta semana el plazo de vencimiento de sus permisos de trabajo y continúan protegidos por una orden judicial de un juez de California, aunque enfrentan problemas con empleadores.

Los inmigrantes de estos dos países fueron los primeros afectados por la decisión del Gobierno de cancelar la protección.

Asimismo, también fueron los primeros favorecidos por la orden del juez Edward Chen, de un tribunal en San Francisco, California, que en octubre pasado suspendió temporalmente la disposición de la Administración de poner fin al programa.

Tras el mandato judicial, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) había extendido los permisos de trabajo para estos dos países hasta este 2 de abril, pero el mes pasado el Gobierno hizo una notificación en el Registro Federal donde se anuncia que la protección para los favorecidos de seis países se mantiene.

Julie Mitchell, abogada del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Los Ángeles, explicó a Efe que aunque los empleadores están obligados a aceptar esta notificación como una prueba válida, se han reportado casos de empleadores que exigen el permiso de trabajo con fecha de expiración vigente.

La asesora legal advierte que la mayoría de casos se dan en estados donde no hay una gran comunidad de amparados por el TPS, como Iowa o Nebraska.

El problema no sería solo de los empleadores, sino también se reportan rechazos en los departamentos de motores y vehículos cuando se tramitan licencias de conducir.

"Han sido unos meses de mucha presión y confusión, otra vez mi empleador está preguntando por el permiso de trabajo", dijo a Efe la nicaragüense María Hernández, protegida por el TPS.

Hernández, de 52 años, explicó que a pesar de que trabaja hace seis años en una misma compañía, su empleador en Los Ángeles le ha preguntado varias veces por el permiso de trabajo.

"Yo he tratado de explicarle que todavía tengo el TPS pero que no sé hasta cuándo", agregó.

Por su parte, Mitchell advirtió que por el momento los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Sudán y Nepal pueden estar tranquilos por unos meses más, mientras la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones evalúa la decisión del juez federal.

"Lo más probable es que en la sesión de verano incluyan el tema en los casos que se van a discutir", apuntó.

Mientras la disputa sigue en corte, la jurista recomendó a los inmigrantes protegidos por la decisión del juez hacer uso, si es necesario, de privilegios como el Advance Parole, un permiso de salida cobijado por la orden de la corte.

También recomendó que los beneficiados del TPS que tengan problemas con sus documentos recurran a la línea 1-800-255-8155, establecida por el Gobierno para reportar incongruencias.

USCIS advierte que si las órdenes de cancelación entran en vigencia, la Administración permitirá un período de transición ordenado de al menos 120 días a partir de la resolución final para cumplir con el fin del programa.

"Lo único que queda es esperar que ese día nunca llegue", sentenció Hernández. EFE