Varios activistas advirtieron esta semana que la extensión por un año más dada por el gobierno del presidente Donald Trump a los amparados de seis países con el Estatus de Protección Temporal (TPS) se logró gracias a la lucha de los migrantes.

 La reacción se da tras el anuncio del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de que el TPS que beneficia a migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal se ha extendido hasta enero de 2021.

 Al conocer la prórroga, Jose Palma, Coordinador Nacional de la Alianza TPS, afirmó en un comunicado que la decisión del gobierno de Trump "prueba que cuando la comunidad se une para luchar por la justicia se puede ganar".

 "La demanda (legal) contra la terminación racista de Trump sigue siendo un salvavidas para los beneficiados de TPS que luchan por una solución permanente ", subrayó.

 La decisión gubernamental forma parte de las medidas tomadas tras la orden del juez federal Edward Chen, con tribunal en San Francisco (California), en octubre del 2018, de sostener el amparo hasta que no se defina el litigio contra la Casa Blanca por cancelarlo.

 Por su parte, la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, Jessica Bansal, quien representa a los demandantes, advirtió que "estas extensiones temporales no brindan a los amparados de TPS la protección permanente que merecen".

 "Solo el Congreso puede hacer eso. Es esencial continuar organizando y abogando por los migrantes con TPS y sus aliados", insistió en un comunicado ACLU.

 El pasado lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, anunciaron en un vídeo por las redes sociales la extensión otorgada para los cuscatlecos.

 El gobierno estadounidense había ordenado a los beneficiarios del TPS -unos 263.000 salvadoreños, 86.000 hondureños, 58.000 haitianos, 5.300 nicaragüenses y un millar de sudaneses- que preparasen "su salida" de EEUU.

 También les instó a que buscasen una alternativa migratoria legal.

 A los países de donde provienen estos migrantes, les sugirió que preparasen el "regreso y reintegración de sus ciudadanos".

 El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EEUU concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

 El programa protege de la deportación a los beneficiados que regularmente renovaban sus permisos cada 18 meses, hasta que el gobierno de Trump decidió no renovar el beneficio, escalonadamente en 2017 y en 2018. EFE