Las esperanzas de miles de inmigrantes indocumentados amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) están depositadas en que el Senado apruebe la denominada “Ley de Promesas y Sueños Americanos”, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes en el 2019. 

La amenaza de deportación sigue vigente, tanto para ‘tepesianos’ como ‘soñadores’, a menos que el Congreso decida encontrar una salida legal que les conceda la residencia permanente. 

Y es que tan pronto se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de mantener vigente el programa DACA, las organizaciones pro inmigrantes reiniciaron sus acciones en Washington, DC, para persuadir a los senadores que de una vez por todas terminen con el ‘limbo’ migratorio que desde hace dos décadas viven miles de familias beneficiadas con el TPS.

Hace unos días una caravana de vehículos recorrió las calles aledañas al Congreso, Corte Suprema y la Casa Blanca para denunciar el drama que viven 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos y 2,550 nicaragüenses cuyos permisos de trabajo expiran definitivamente en las primeras semanas de 2021.

Durante su paso por Washington se pudieron observar carteles pegados a los autos que decían “Somos trabajadores esenciales”, “Merecemos la residencia permanente”, “Nuestros hijos son ciudadanos de EEUU” y "TPS: Somos esenciales, ahora y siempre". 

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS, dijo que el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representes es una propuesta justa y viable que debe ser ratificada por el Senado, pues ya es hora de terminar con el juego político que no beneficia a nadie. 

“Este proyecto de ley es un paso en la dirección correcta. Se deben tomar medidas en el Congreso para resolver la crisis humanitaria creada por la terquedad del presidente Donald Trump de cancelar TPS y DACA. Es momento de pensar que la eventual deportación de más de 300 mil personas afectará a la fuerza laboral del país y provocará una inhumana separación familiar”, comentó el activista. 

Agregó que las reiteradas amenazas de cancelar el programa de TPS lo único que han provocado en las familias inmigrantes es dolor, angustia e incertidumbre, pues la mayoría de ‘tepesianos’ ya tiene raíces familiares a lo largo de la Unión Americana. 

“Instamos al Congreso a dejar de lado la política para evitar la separación de miles de familias que han construido sus vidas en este país. No hay nada temporal en la vida de nuestras familias. Y no hay excusa que justifique que los beneficiados con el programa TPS tengan que ser víctimas de la separación familiar”, enfatizó Palma.

Para Jessica Bansal, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, recordó que las últimas prórrogas concedidas por el Gobierno para los beneficiarios de TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán son temporales y no brindan la protección permanente que merecen los inmigrantes beneficiados. 

“Solo el Congreso puede convertir lo temporal en permanente. Por eso es esencial continuar organizando y abogando por los beneficiarios de TPS y sus aliados (DACA y DED)”, dijo la abogada de ACLU. 

Más voces

La salvadoreña Doris Landaverde, quien lleva casi veinte años en Estados Unidos, manifestó que injustamente su familia (dos hijos ciudadanos estadounidenses) sufre debido al “limbo migratorio” que le toca vivir. Ella trabaja en mantenimiento en la Universidad de Harvard y durante la pandemia del COVID-19 no ha dejado de desinfectar oficinas todos los días. 

“Somos trabajadores esenciales, estamos aquí para contribuir a la economía, y es hora de que el Congreso actúe para proteger a nuestras de familias. Es hora de decir basta”, señaló la inmigrante cuscatleca.  

Marta Fernández (53), una profesora hondureña que vive más de 20 años en EEUU, admitió que le aterra la idea de perder la protección del TPS y tener que abandonar el país donde nacieron sus hijos, donde esta su casa, amistades y el lugar donde tuvo las experiencias más positivas de su vida profesional.

“Es horrible despertar todos los días pensando en lo que podría pasar con mis hijos si cancelan el TPS y soy deportada. Lo más duro es saber que formas parte de una fuerza laboral necesaria para el país, pero que por razones políticas se te niega una opción legal para regularizar tu situación migratoria”, enfatizó Fernández. 

María Ayala Flores, una salvadoreña que ingresó al país cuando era muy joven, puntualizó que fue una de las demandantes del caso judicial que permitió frenar la derogación del TPS, lo cual únicamente ha servido para tomar un respiro en esta batalla por conseguir un estatus migratorio permanente. 

“Mi familia se arriesga a que la separen, pero el miedo a la deportación no puede detenernos. Seguiremos pidiendo al Congreso que apruebe una salida legal a nuestras demandas. Nosotros hemos demostrado que somos personas de bien y que solo queremos vivir y trabajar en este maravilloso país”, acotó Ayala.  

Senado opositor

Es importante recordar, que la Cámara de Representantes aprobó a mediados de 2019 el proyecto denominado ‘Ley de Sueños y Promesas 2019’ (H.R. 6). La propuesta obtuvo 237 votos a favor y 187 en contra, la cual busca legalizar a cerca de 2 millones de inmigrantes protegidos por los programas TPS, DACA y DED (Partida Forzada Diferida).

Desde hace meses dicha propuesta “duerme” en los archivos del Senado, cuya mayoría republicana no tiene mayor interés en revisar una ley que no se ajusta con los lineamientos migratorios establecidos por el actual Gobierno.

En esencia el contenido de la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes cancela y prohíbe los trámites de deportación en contra de los amparados por TPS, DACA y DED; propone la residencia provisional por 10 años para quienes resulten favorecidos; y abre el camino hacia la ciudadanía después de cumplir con el período provisional.

Entre los requisitos exigidos estarían que los solicitantes vivan de manera permanente en Estados Unidos, estudien o hayan completado ciertos programas educativos, así como no tener antecedentes criminales.

Propuesta más radical

Hace unos días el exsenador y exfiscal general Jeff Sessions, quien busca recuperar su escaño en la Cámara Alta, ha propuesto un duro plan migratorio basado en cuatro pilares con los que busca "reparar" el sistema migratorio con miras a “proteger” a los trabajadores del país.

Su plan incluye reducir el número de extranjeros a los que se otorga permiso para venir a trabajar a este país, en particular en el campo de la tecnología, con miras a preservar los empleos para los ciudadanos en momentos en que el desempleo se ha ubicado en el 13 por ciento, tras la pandemia del coronavirus.

También propone reforzar la seguridad en la frontera construyendo el polémico muro, aumentar los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para "hacer un mejor trabajo siguiendo extranjeros y asegurarnos que se van, cuando se tienen que ir" del país.

Asimismo, el plan de Sessions contempla poner fin a DACA, creado por orden ejecutiva del presidente Barack Obama en el 2012, que el Gobierno del presidente Donald Trump intenta derogar desde el 2017.