La decisión del lunes de un tribunal federal de apelaciones que allana el terreno al presidente Donald Trump para que acabe con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) ha desatado decepción y el temor a una masiva separación de familias inmigrantes.

La ajustada votación (2-1) de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito coloca en riesgo de deportación a casi 400.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití, al anular una orden judicial preliminar emitida por el juez de distrito Edward Chen en 2018 que impedía que la Administración pusiera fin al TPS para inmigrantes de esos países.

En concreto, unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos que hasta ahora estaban amparados por el TPS y podían residir y trabajar legalmente en Estados Unidos se hallan en la incertidumbre.

"A pesar de la abrumadora evidencia" de que las acciones contra el TPS por parte de Donald Trump "fueron motivadas por el racismo", esta acción avanzará y ahora despeja el camino para que "la Administración separe a 400.000 familias", señaló en un comunicado el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

"En tan solo seis meses (...) los titulares de TPS perderían su estatus legal y sus hijos ciudadanos estadounidenses podrían verse obligados a hacer una elección imposible entre sus familias y sus hogares", agregó.

Por su parte, la titular de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Angélica Salas, expresó su férrea oposición a esta "terrible decisión".

"La Administración Trump no ha proporcionado ni un ápice de evidencia de por qué el TPS debe terminar para estos 400.000 inmigrantes. Lo que las familias de TPS necesitan es una residencia permanente ahora, no esta traición del país donde han vivido y al que han contribuido durante más de dos décadas", manifestó.

Ambas organizaciones, junto con la Alianza Nacional de TPS, han adelantado sus planes de llegar hasta el Tribunal Supremo a fin de revertir la decisión de hoy, que en principio no entrará en efecto hasta dentro de seis meses.

"Necesitamos un gobierno con compasión, no un régimen basado en el odio", agregó Salas.

CHIRLA destacó que los beneficiarios de TPS trabajan principalmente en el sector de limpieza y mantenimiento, con 48.000; seguido de la construcción, con 44.000; y un número considerable (9.300) trabajan en ocupaciones cruciales relacionadas con el cuidado de niños, cuidado personal y como asistentes de salud en el hogar.

"Poner fin al TPS se convertirá en la más nueva forma de separación familiar por parte de las autoridades federales de inmigración", señaló a su turno Tom Jawetz, vicepresidente de Políticas Migratorias del American Progress Action Fund.

Jawetz recordó que los beneficiarios de TPS "son miembros profundamente arraigados de nuestras comunidades" y, según esta organización, en el país al menos 620.000 personas viven en un hogar donde un miembro está protegido por el TPS, y unos 279.000 niños estadounidenses tienen aunque sea un progenitor amparado por este programa federal.

"Es extremadamente decepcionante que el Noveno Circuito se haya puesto del lado de la Administración Trump", señaló por su parte Todd Schulte, presidente de la organización bipartidista FWD.us.

Agregó que la decisión de hoy supone llevar al "caos" las vidas de "cientos de miles de personas con TPS, incluidos miles que sirven en papeles esenciales en la primera línea de la lucha contra la crisis del coronavirus" así como a sus familiares estadounidenses. EFE