Más dudas que esperanzas ha generado el pedido del presidente Donald Trump de que la Corte Suprema cancele definitivamente el programa DACA, el próximo 12 de noviembre,  bajo la promesa de interceder ante el Congreso para establecer un mecanismo legal que permita a los “soñadores” quedarse a los en el país. 

Muchos activistas consideran que el pedido presidencial es una estrategia para seguir utilizando a los “soñadores” como ‘moneda de cambio’, con el fin de que el Congreso apruebe sus propuestas y consega réditos electorales en el corto plazo.

Organizaciones pro-inmigrantes exhortan a los jóvenes beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuyos permisos temporales de trabajo vencen en menos de un año, a que renueven sus permisos y obtengan un amparo laboral adicional por veinticuatro meses. 

La abogada de inmigración Kathia Pereira dijo que es difícil presagiar la decisión final de los magistrados de la Corte Suprema, pero en previsión de un fallo negativo la principal recomendación es que los jóvenes renueven de forma anticipada sus permisos para protegerse migratoria y laboralmente por dos años.

“Como abogada abrigo la esperanza de que el fallo sea favorable a los beneficiados del DACA. En previsión a cualquier resultado negativo, lo mejor es que renueven sus permisos de trabajo y esperar lo suceda en los próximos meses. En un año electoral todo puede suceder”, señaló Pereira.

Para Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización CASA, el 12 de noviembre es una fecha clave para el futuro de más 700 mil “soñadores” y allí se verá reflejada la larga y valiente batalla legal que los jóvenes inmigrantes libran para quedarse en el país. 

“Considero que los jueces del Tribunal supremo ya tienen un conocimiento cabal del tema, sobre la contribución positiva de los jóvenes ‘soñadores’ al país y de sus esfuerzos por mantener la unidad familiar. Estoy seguro que estamos del lado correcto de la historia", agregó Torres.

Asimismo, dijo que la continuidad de los programas DACA y TPS, que hoy se encuentran judicializados, dependerán de las presiones que se hagan a los senadores para que aprueben una legislación que les permita mantener el estatus que los programas proveen.

Amalia Flores, representante de United We Dream, anunció que los días previos al 12 de noviembre se realizaran marchas en apoyo a DACA en todo el país, en donde se buscará que los ciudadanos y la prensa sepan más sobre el ‘vía crucis’ que viven los jóvenes que llegaron de muy pequeños a Estados Unidos.

“Nuestra lucha es pacífica, ordenada y constante. Los más de 700.000 beneficiados con DACA no nos vamos a rendir. El 12 de noviembre esperamos cerrar con éxito una lucha de años”, apuntó Flores.

La continuidad del programa DACA se analizó la semana pasada en Washington durante la reunión sostenida entre el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill.

Aunque no se llegaron a acuerdo concretos, trascendió ambos coincidieron en la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador en materia migratoria. 

El próximo 12 de noviembre los miembros de la Corte Suprema escuchará los argumentos de las demandas que alegan que la decisión del Gobierno de Trump de poner fin al programa es inconstitucional.

 Según un reciente análisis del Center for American Progress (CAP), en la actualidad más de 700 mil jóvenes están amparados por DACA, lo que les otorga un permiso de residencia y de trabajo hasta por dos años y los protege de la deportación.

Los respaldos al programa, establecido en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama, se han dado en más de 100 ciudades y condados de 30 estados de la nación.