Los datos finales del Censo 2020 no contendrán información sobre la situación migratoria de las personas empadronadas, en cumplimiento de un decreto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que anuló otro de su predecesor Donald Trump con impacto sobre la representación política de los estados.

Entre los decretos firmados por el presidente Joe Biden en los primeros días de su mandado, iniciado el 20 de enero, se cuenta la anulación del decreto de Trump, y la Oficina del Censo indicó hoy que cuando complete sus datos estos "no incluirán información sobre la ciudadanía o situación migratoria" de la población.

El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y de sus resultados dependen la representación de los estados en el Congreso y en el Colegio Electoral, así como la distribución de miles de millones de dólares en programas federales de educación, salud, infraestructura y asistencia social.

Una exclusión de parte de la población hubiese resultado en que estados donde viven millones de inmigrantes indocumentados tuviesen en el Congreso y en el Colegio Electoral una representación menor que la correspondiente al número de sus habitantes, y que recibieran menos ayuda federal que la adecuada conforme a su tamaño.

La realización del Censo de 2020 estuvo afectada por la pandemia de la covid-19, con cambios de plazos para el envío de respuestas por correo o internet, y el desplazamiento demorado de miles de funcionarios para el empadronamiento puerta a puerta.

Esto llevó a que la Oficina del Censo no pudiese cumplir con la normativa que establece que debe entregar los datos del recuento nacional antes del 31 de diciembre.

La disputa acerca del intento de Trump de excluir a los indocumentados a la hora de distribuir representaciones políticas llegó al Tribunal Supremo de Justicia que, en diciembre, declaró que no había información suficiente para una decisión y devolvió el caso a tribunales menores.

El 15 de enero un tribunal federal en California anunció un acuerdo entre los grupos que habían demandado al Gobierno de Trump por esa medida y los abogados gubernamentales, dejando en suspenso la exclusión de indocumentados por un plazo de 21 días.

"Ni la Oficina del Censo ni el Departamento de Comercio informarán o divulgarán cualquier conteo o cálculos de población relacionados con el censo, incluida la cuenta o cálculos de la población inmigrante indocumentada antes del cambio de gobierno el 20 de enero", indicó la decisión del Tribunal Federal del Norte de California.

La decisión de la jueza Lucy Koh respondió a una demanda iniciada por la Liga Urbana y otras entidades contra el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y otros funcionarios del anterior Gobierno. EFE