El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), en representación de 400 grupos y organizaciones de 40 estados del país, ha presentado una medida cautelar en Corte para evitar que la regulación sobre “carga pública”, emitida por la Administración Trump y que entrará en efecto el 15 de octubre, sea aplicada. 

 “Vamos a pelear de todas las formas que se pueda”, dijo Connie Choi de NILC, hace unos días en una conferencia de prensa telefónica. Argumenta que la norma de carga pública viola la Ley de Procedimiento Administrativo y una cláusula de la Constitución de Estados Unidos. 

La congresista Judy Chu (D-CA) ha presentado un proyecto de ley bajo el nombre "Ningún Fondo Federal para Carga Pública" con el apoyo de más de 40 copatrocinadores. La propuesta intenta bloquear el financiamiento de la puesta en práctica de la controversial regulación. 

La senadora Mazie Hirono (D-Hawaii), quien planea presentar una legislación complementaria, considera que la regulación está aterrorizando a los extranjeros, creando confusión, separando hogares, afectando a los niños y otras personas vulnerables, socavando la salud y estabilidad de las familias inmigrantes. 

La nueva regulación para determinar si una persona es "carga pública" se refiere al uso de cupones de alimento (SNAP), cupones de vivienda (Sección 8), beneficios de Medicaid y subsidios federales de vivienda. 

Lo que se busca es determinar si un extranjero depende principalmente del gobierno para su subsistencia, al momento de considerar una solicitud de ajuste de estatus en busca de la residencia permanente. La solicitud puede ser negada si las autoridades de migración consideran que el solicitante ha utilizado servicios de ayuda pública por 12 meses, en un periodo de tres años.

Se recomienda a los inmigrantes informarse bien y no entrar en pánico. "Usar los beneficios no lo convierte a usted automáticamente en carga pública, hay varios factores a considerar".

Los que abogan por la comunidad inmigrante dicen que 26 millones de personas serán afectadas y que los extranjeros ya están retirándose de los programas de asistencia y seguirán haciéndolo.

"Las mujeres embarazadas van a evitar los programas de salud, la depresión crecerá porque no buscarán asistencia en salud mental y pasarán hambre para evitar pedir los cupones de comida", afirman los expertos. Predicen que los extranjeros evitarán ir a las salas de emergencia de hospitales y la desnutrición se incrementará, especialmente entre las mujeres inmigrantes embarazadas de bajos ingresos.

Los líderes reconocen que la separación familiar está afectando fuertemente a las familias inmigrantes y ahora esta nueva medida empeorará la situación, afectando injustamente a niños, ancianos y mujeres en un ambiente de temor generalizado. 

Los proveedores de servicios hablaron de las repercusiones que la medida ya está ocasionando en las comunidades inmigrantes. 

Thu Quach, subjefe administrativo de los Servicios de Salud Asiáticos, califica la medida de inhumana e injusta. "Su aplicación afectará la economía y la sociedad".

Para Lisa David, presidenta de la organización 'Soluciones de Salud Pública' de NY, la nueva regulación de 'carga pública' no tiene sentido y es inmoral. "El miedo y la confusión generados son extraordinarios”.