La salvadoreña Beatriz Rodríguez llegó a Estados Unidos en 1991 huyendo de los estragos de la guerra civil en su país y durante dos décadas ha trabajado legalmente a través de los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS), y como miles de otros inmigrantes asegura que sería devastador que el programa termine en enero de 2021.

Desde entonces reside en Nueva Jersey, donde dice haber encontrado seguridad económica y social. Diez años después tuvo la oportunidad de acogerse al programa TPS y poco después, tras ser diagnosticada con cáncer, pudo tener acceso a tratamiento médico gracias al seguro médico de su esposo, también acogido al TPS.

"Gracias al seguro médico de mi esposo y al TPS salvé mi vida", dijo Rodríguez durante una conferencia de prensa en la que pidió al Senado federal que dé luz verde a un proyecto que extendería el TPS más allá de enero de 2021.

"En estos momentos tan inciertos no me imagino lo que es vivir sin el TPS y con una situación tan dura en mi país con la pandemia. Todas las personas amparadas con el TPS merecen una residencia permanente", sostuvo la salvadoreña.

Rodríguez se refirió a la propuesta de la Ley de Ensueño (Dream Act) aprobada el pasado año en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, que pasó al Senado, dominado por los republicanos, y que daría acceso a la ciudadanía a miles de jóvenes llegados en su infancia a Estados Unidos.

También pretende regularizar la situación migratoria de más de 2,5 millones de personas, incluyendo "soñadores" y beneficiarios del TPS, creado en 1990 por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de ese año, que otorga un estatus legal temporal a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, huracanes, terremotos u otros desastres.

Conforme a esa ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene discreción exclusiva para determinar cuándo los ciudadanos de otros países son elegibles para TPS.

Rodríguez recordó, durante la rueda de prensa convocada por el senador demócrata Bob Menéndez, que muchas personas acogidas al TPS han estado en primera línea durante el azote de la pandemia, que además son dueños de negocios y crean empleos.

Aseguró que sería "devastador" para ella y su familia perder este programa ya que enfrentan la deportación.

En noviembre del pasado año el Gobierno anunció que prorrogó hasta el 4 de enero de 2021 el beneficio migratorio del TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como para Haití, Nepal y Sudán. La medida incluye la extensión automática de los permisos de trabajo para los cobijados por este amparo, quienes estarían expuestos a la deportación al perder su protección, por lo que han puesto sus esperanzas ahora en el Senado.

Menéndez destacó por su parte el aporte de trabajadores beneficiados con el TPS como enfermeras y empleados de establecimientos de comida y almacenes, entre otras actividades que mantuvieron al país en pie, arriesgando sus vidas cada día durante la pandemia y muchas veces sin la protección necesaria.

"Ellos son los héroes de la pandemia. Su país de origen y su estatus legal no importó" para los que recibían ayuda en un hospital o acudían a un establecimiento durante la pandemia, afirmó el legislador, y recordó que están autorizados a trabajar legalmente.

"Lo que importó fue trabajar duro y salvar vidas", sostuvo al abogar por la aprobación del proyecto de ley.

El senador recordó que inmigrantes acogidos al TPS han estado durante décadas en el país y ya son parte fundamental en sus comunidades.

Gloria Blanco, activista y beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) aseguró que un ataque al TPS es eliminar sus esperanzas y llevarnos "de nuevo a las sombras".

"Sería una pérdida total" en la vida que han construido en este país, aseguró.

En EEUU hay más de 320.000 personas amparadas por TPS, entre ellas 195.000 salvadoreños, 57.000 hondureños y 46.000 haitianos. Los permisos de estos inmigrantes vencen el 4 de enero de 2021. EFE