Se calcula que la mitad de la pesca que tiene lugar en todo el mundo es ilegal, no reportada o no regulada, lo que supone una amenaza para el futuro de la fauna marina cuya mejor solución está en manos de los consumidores: conocer cómo se ha pescado lo que se come.

"Estimamos que la pesca ilegal mueve entre 15.500 y 36.400 millones de dólares al año, y supone un peligro mayúsculo para la gestión sostenible", explicó la portavoz del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales Sandy Aylesworth.

Aylesworth, que participó en una conferencia organizada por la Fundación Nacional de la Prensa de EEUU en Monterey (California), aseguró que los principales compradores (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón) se encuentran en una posición "sin igual para fomentar el cambio en la industria pesquera de todo el mundo".

Estos tres mercados constituyen el destino del 64 por ciento de todas las importaciones de pescado que se producen en el planeta y, según la experta, es necesario que haya coordinación entre ellos para poder afrontar el problema seriamente, algo que a su juicio ahora no ocurre en este país.

"No estamos impidiendo de forma efectiva la entrada de pescado capturado de forma ilegal y ello tiene un coste para los pescadores estadounidenses de aproximadamente 1.000 millones de dólares al año, ya que estos trabajan en entornos mucho más regulados, por lo que les supone competencia desleal", explicó.

Entre el 20 y el 32 por ciento de todo el pescado importado no proveniente de piscifactorías que llega al país es capturado de forma irregular, ante lo cual varias organizaciones han puesto en marcha programas de control de origen como certificados y puntuaciones dirigidos a que los consumidores tomen elecciones informadas.

Uno de estos sistemas es la guía nacional del consumidor impulsada por el Acuario de la Bahía de Monterey, disponible tanto en papel como online, y en la cual la prestigiosa institución científica clasifica los distintos pescados que se pueden comprar en el mercado según la sostenibilidad del proceso de pesca de cada uno.

Así, por ejemplo, la langosta procedente de México o la tilapia pescada en Perú y Ecuador reciben la clasificación verde (mejor elección), mientras que el pulpo con origen en España y Portugal o la trucha de piscifactorías chilenas son clasificadas en amarillo (buenas alternativas), un peldaño por debajo del verde.

El bacalao pescado en este país, en Canadá, Japón y Rusia consta en rojo como compra a "evitar" por la poca sostenibilidad de su proceso de captura, igual que ocurre con la sardina mediterránea, el calamar argentino y chino, y los tiburones y atunes rojos provengan de donde provengan.

El acuario promueve esta lista no sólo entre consumidores, sino también entre restaurantes, para informar a los chefs sobre cuáles son las mejores opciones si quieren poder presentarse ante sus clientes como un negocio medioambientalmente responsable y comprometido con el futuro de los océanos.

Otro sistema de información para el consumidor es el promovido por el Consejo de Administración Marina (MSC por su sigla en inglés), impulsado hace 20 años por la propia industria alimentaria como organización independiente sin ánimo de lucro.

"Somos una etiqueta ecológica y una certificación de pesca que, además de proteger la fauna de los océanos, potencia el interés de los productores en mejorar sus prácticas para lograr el certificado", explicó el director regional para las Américas de MSC, Brian Perkins.

El Consejo fija estándares de pesca sostenible y bien gestionada y uno de los criterios usados, por ejemplo, es que se minimice o se elimine por completo la captura accesoria, es decir, las especies que se pescan accidentalmente cuando el objetivo que se persigue es otro pez.

Los certificados que emiten son válidos durante cinco años con una auditoría anual y la escala es del 0 al 100, siendo considerado todo aquello de 80 para arriba como "mejor práctica", lo que puntúe entre 60 y 80 como "mínimo aceptable" y lo que por debajo de 60 se considera que no pasa el estándar.

Perkins explicó que una encuesta interna de la organización les mostró que el 54 por ciento de los consumidores de pescado del mundo están dispuestos a pagar más por un producto con certificación de sostenibilidad. EFE