El inmigrante peruano Fernando T. salió a trabajar el miércoles 10 de julio como hacía todos los días. Los agentes de inmigración no tocaron a su puerta, sino estaban esperándole afuera de la casa y se lo llevaron arrestado.

Al ver la movilización, sus hijos ingresaron a la vivienda asustados. Su hermana, ciudadana estadounidense, salió a hablar con los funcionarios, quienes le afirmaron: "Lo estamos arrestado porque su visa está vencida".

Él llegó en avión con visa de turista a Estados Unidos hace tres años, con sus dos hijos adolescentes, y vivía en casa de sus familiares en San Diego, California. 

Tenía como meta sacar adelante a su familia, ofrecerles un mejor futuro a sus hijos, legalizar su situación migratoria y hacer su vida en este país de oportunidades donde viven tres de sus hermanos y varios sobrinos. 

Este padre inmigrante fue uno de los 20 detenidos en San Diego ese día, como parte de los operativos de inmigración que está llevando a cabo el Gobierno estadounidense.

Con desesperación y llorando, sus familiares le explicaron a El Pregonero lo ocurrido. Contaron que se movilizaron para buscar un abogado, pero la lista de espera es larga. Se mostraron preocupados por la situación de salud del detenido, quien sufre de diabetes. 

La calma llegó cuando recibieron una llamada al día siguiente directamente desde el centro de detenciones. Era Fernando contando que le están suministrando insulina y pidiendo que le depositen fondos en una cuenta específica para poder seguir haciendo llamadas. Ha de presentarse en corte pronto para exponer su caso.

Los familiares creen que a través de la licencia de conducir, los agentes de inmigración supieron dónde vivía Fernando. Consideran que no hay otro modo, ni siquiera por los datos que él dio en la planilla de inmigración al llegar al aeropuerto.

California es uno de los estados que otorga licencias de conducir a los residentes sin documentos, al igual que Maryland, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Nevada, Nuevo México, Utah, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. Florida y Texas estudian leyes para hacer lo mismo.

Según The Washington Post, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha venido utilizando las bases de datos estatales de licencias de manejar, en secreto y sin consentimiento, para perseguir a inmigrantes indocumentados. Según la Universidad de Georgetown, ICE ha examinado millones de fotografías de conductores sin su conocimiento.

Por lo menos dos congresistas (Elijah E. Cummings y Jim Jordan) ya se han pronunciado en oposición a este acceso a datos estatales sin consentimiento. 

Los medios reportan que dos estados (Utah y Vermont) que dan licencias a indocumentados, sí dieron autorización. En el estado de Washington también se estuvo haciendo, pero ya suspendieron la práctica. Analizando los reportes, parece que cada vez hay más evidencias de que las dependencias que otorgan licencias de manejo entregan datos a ICE. Por lo menos cinco estados afirman que se analiza 'caso por caso' antes de dar información a inmigración, pero Fernando no tenía orden de deportación ni había cometido ningún delito en EEUU y no ingresó ilegalmente. No hay razones aparentes para estar en la lista de prioridad de deportación.

Según una demanda grupal a nivel federal, el DMV de Vermont proporcionó nombres, fotografías y otros datos de las licencias de trabajadores inmigrantes, lo cual facilitó su deportación. Argumenta que hasta 40 activistas han sido detenidos de esta forma en los últimos años y la mayoría han sido deportados.

Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración de Caridades Católicas, dijo que en algún momento ocurrirá lo mismo en el área metropolitana debido a que, hace unas semanas, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que da luz verde a las autoridades de migración para cruzar información con otras agencias gubernamentales para ubicar a los indocumentados. 

"Queremos que todos en nuestra comunidad sepan que nuestras agencias del orden y otras agencias de apoyo del condado continuarán cumpliendo con las leyes, normas y regulaciones locales", dijo esta semana en un comunicado Nancy Navarro, presidenta del concejo del condado de Montgomery. "En el condado no preguntamos sobre el estado migratorio de nadie, ni tampoco realizamos redadas o investigaciones de inmigración, tal y como está establecido en nuestras regulaciones locales. Alentó a todos aquellos que lo necesiten a buscar ayuda de organizaciones que brindan asistencia y asesoramiento legal, para que las personas conozcan sus derechos si son detenidas por ICE.


Un padre inmigrante fue arrestado mientras buscaba trabajo de construcción el 12 de julio frente a un Home Depot en Homestead (Florida). El arresto de este guatemalteco -que lleva 16 años en el país y tiene cinco hijos- y otros operativos el fin de semana en el tren de Nueva York, son indicadores de que los agentes no sólo se están enfocando en los aproximadamente 2.000 indocumentados que recibieron orden final de deportación en el otoño -como afirman- sino en deportar a tanta gente como les sea posible sin grupos prioritarios.

La impresión generalizada de los activistas que abogan por los inmigrantes es que se trata de una campaña que busca sembrar el miedo, para alentar a los indocumentados a la autodeportación y desalentar a los que planean cruzar el Río Grande o ingresar por avión con intenciones de instalarse en Estados Unidos.

Las autoridades anunciaron redadas desde el domingo pasado para arrestar a quienes tienen orden final de deportación, pero no han sido masivas ni exitosas. Algunas familias no abrieron la puerta, tal como lo aconsejan los activistas.

Las redadas anunciadas incluyen las ciudades de Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco.

Cabe mencionar que ICE realiza operativos a diario, aunque a un ritmo más lento que el Gobierno anterior.


Según el Instituto de Política de Migración, más de 12 millones de personas fueron deportadas (voluntariamente o no) durante el Gobierno de Clinton, más de 10 millones durante el Gobierno de Bush y más de 5 millones en el Gobierno de Obama. Según el Instituto Cato, el gobierno anterior deportó 1.38 por ciento de los indocumentados (a lo largo y ancho del país) por año. El Gobierno de Trump ha venido deportando un promedio de 0.83 por ciento de la población indocumentada.


Las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, afirman que no se está dando a los indocumentados el derecho a un debido proceso -como lo indica la ley-. Son muchos los que no entienden inglés, no cuentan con un abogado, no recibieron la citación porque no tienen residencia fija o cambiaron su dirección. Si reportaron ese cambio, la Corte no lo actualizó y la citación no les llegó. Algunos simplemente no acudieron por miedo o falta de argumento en el caso.


Según la Universidad de Syracuse, de los 7.724 casos con orden de deportación desde septiembre, 90 por ciento fueron sentencias en ausencia (datos del Gobierno). En el 83 por ciento de los casos no está claro si los inmigrantes estuvieron o no en Corte, más bien el juez decidió estos casos antes de la primera audiencia.


Hay 7.6 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, que trabajan en las sombras -como Fernando-. Según CNN, en zonas rurales de Minnesota solamente los hispanos recién llegados responden a carteles buscando empleo en ranchos o granjas locales. En ese estado hay 95 mil indocumentados que en su mayoría se dedican a la agricultura. Un trabajador que lleva 20 años en el campo, declaró a los medios que gana 12 dólares por hora por encargarse de 1.600 vacas cada día y trabaja 60 horas a la semana.

Según el Departamento de Trabajo, el 76 por ciento de los trabajadores agrícolas son extranjeros -en su mayoría mexicanos-, 49 por ciento no tienen documentos. 

Mientras las redadas siguen su curso a diario, los inmigrantes siguen aportando a la economía estadounidense, trabajando más de 40 horas semanales, en más de un empleo y en labores que nadie quiere hacer.