De estrategia de “odio y caos” calificó Esperanza Guevara, representante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el anuncio de la Casa Blanca de “excluir” a millones de inmigrantes indocumentados del Censo 2020. 

Guevara calificó de inconstitucional el pedido presidencial y alentó a todos los hispanos a contestar los cuestionarios del censo sin ningún tipo de temor antes que concluya en octubre, pues nadie puede alterar un proceso que ya está en marcha y que no incluye la información sobre quiénes no tienen documentos migratorios en regla.

“La Constitución requiere que el censo cuente a todas las personas en este país cada diez años. Ningún tweet del presidente Donald Trump u orden ejecutiva puede impedir o alterar eso. Se trata de un engaño más del mandatario y la Corte Suprema ha sido clara al respecto”, enfatizó Guevara. 

La activista dijo que dicho anuncio es una “trampa” política para alterar la correcta distribución de los 435 escaños de los 50 estados en la Cámara de Representantes. “Es inaceptable e inconstitucional que se pretenda politizar la manera en que deben ser contadas las personas que viven en Estados Unidos”.

Agregó que este tipo de anuncios o amenazas solo buscan sembrar el miedo para que las familias hispanas no participen en el censo, justo ahora que cientos de representantes de la Oficina del Censo se preparan para visitar los hogares de las personas que no respondieron hasta ahora los cuestionarios. 

Gustavo Torres, director de CASA de Maryland, opinó que el pedido de la Casa Blanca responde a los intereses de sectores ultra conservadores del país que pretenden ignorar los mandatos de la Constitución, así como no aceptar la nueva realidad demográfica que se registra en el país. 

“La intención de la Casa Blanca es eliminar a varios millones de personas del Censo 2020, influir en la distribución de recursos federales y en la asignación de escaños en la Cámara de Representantes. Esa es la verdad y los jueces serán los encargados de hacer respetar la Constitución”, dijo Torres

Reiteró que los hispanos tienen que participar en el Censo 2020 porque esa información servirá para la asignación de fondos por los próximos diez años: “Si queremos una mejor educación, nuevos programas de salud o apoyo para contar con más viviendas para la clase trabajadora, nuestra mejor alternativa es dejar el miedo y hacerse contar”.

Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), manifestó que es inaceptable que la Casa Blanca quiera convertir el Censo 2020 en un “arma” para atacar a las comunidades inmigrantes."Lo veremos en la Corte y ganaremos nuevamente".

Guevara, Torres y Ho coincidieron en señalar que la demanda presentada hace unos días por una coalición de 21 fiscales generales de Estados Unidos contra el presidente Trump terminará por demostrar en los tribunales que no se puede politizar el Censo 2020. 

Los tres recordaron que la Enmienda 14 de la Constitución estipula que “los representantes (en la Cámara baja del Congreso) se distribuirán entre los estados de acuerdo con sus números respectivos una vez contado el número total de personas en cada estado”.

María Fitzsimmons, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo que el memorando presidencial es un “teatro político” que busca engañar a los inmigrantes con argumentos absurdos, ya que el cuestionario actual no tiene una pregunta sobre nacionalidad.

“La Constitución es clara: La información del censo es confidencial y está protegida. Además, el censo es un recuento de todos los que viven en Estados Unidos, y eso incluye a los indocumentados. Esto no es más que un “teatro político” para asustar a la gente y hacer que no participe en el censo”, agregó.

Por su parte, Lawrence Couch, director del Centro Nacional de Abogacía de las Hermanas del Buen Pastor, una orden de religiosas católicas, dijo a través de un comunicado que la comunidad inmigrante es, otra vez, blanco del ataque proveniente de la Casa Blanca.

"Ahora se ha emitido un controversial decreto, que ha sido calificado de inconstitucional, según el cual los inmigrantes indocumentados empadronados en el Censo 2020 no serían contados", resaltó el comunicado.

De igual modo, Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, dijo que la orden del presidente va directamente contra la Constitución estadounidense, que dice que el censo tiene que contar el número total de personas en cada estado.

A su juicio, todo se trata de un intento de distraer la atención de la pandemia y dividir a la comunidad. “Los inmigrantes que no tienen un estatus migratorio legal todavía son parte de nuestra comunidad: ellos pagan impuestos, contribuyen a la sociedad y construyen comunidades fuertes”.

El pasado 21 de julio, el presidente Donald Trump decretó que, aun si el censo cuenta a los indocumentados, no se usará la información para esas asignaciones durante la próxima década.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el año pasado la Corte Suprema -al bloquear el intento de incluir la pregunta sobre la nacionalidad- sostuvo que “las personas son personas bajo nuestra Constitución, sin importar su estatus migratorio”.

AYUDA

Oficina del Censo en Maryland. Inf: (410)767-4500

CASA Maryland. Inf: (301)431-4185 (Silver Spring) ó (410)828-0515 (Baltimore)

- Oficina de Enlace Latino-Condado Montgomery. Inf: (240)777-8321.