Los inmigrantes que temen usar ciertos servicios públicos debido al nuevo reglamento de “carga pública” emitido por el gobierno del presidente Donald Trump no deben precipitarse en dejar a sus familias sin asistencia ya que, a la larga, esto podría ser contraproducente para la salud e incluso el estatus legal de la familia, dijeron recientemente activistas y abogados. 

“Recomendamos hablar con un abogado de inmigración, preferiblemente de una organización comunitaria, antes de decidir si usa o dejar de usar cualquier servicio público”, dijo Amanda Lugg, directora de African Services Committee, una organización de servicios humanos con sede en Harlem, Nueva York. 

Lugg, como otros líderes de salud, ha emprendido el entrenamiento de su personal para asesorar a la comunidad sobre las medidas a tomar por los nuevos cambios, pero ante el temor de muchos inmigrantes, recomienda que evalúen muy bien si les conviene o no dejar de usar servicios que pueden ser cruciales para mantener la salud de sus familias. 

“Si usted tiene una condición médica importante y no tiene seguro médico, o está discapacitado por un mal crónico, lo mejor que puede hacer por usted y por su familia es recuperar la salud, encontrar empleo y salir adelante”, dijo Lugg. “Para cuando usted tenga que pedir su tarjeta de residencia, es posible que el gobierno de este país haya cambiado o que el reglamento de carga pública ya no exista”.

Mientras batallan contra el nuevo reglamento emitido el 12 de Agosto pasado, que permitirá al gobierno considerar el uso de estampillas de alimento, subsidios de vivienda y Medicaid para alegar que un inmigrante es carga pública en su solicitud de residencia o cambio de visa, los activistas han emprendido una campaña educativa para contrarrestar el temor en la comunidad afectada. 

Durante una teleconferencia organizada por Ethnic Media Services y la Campaña de Protección a las familias inmigrantes del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), líderes de servicios de salud y expertos legales de la misma coincidieron en que el reglamento “tiene el potencial de causar un daño enorme a la salud de las comunidades inmigrantes y de minorías”. 

Indicaron, sin embargo, que la comunidad no debe actuar precipitadamente en abandonar programas públicos, aunque reportaron que lamentablemente esto comenzó a pasar incluso antes que el reglamento fuera oficialmente anunciado. 

“Desde que se anunció el reglamento preliminar el pasado año, nuestro personal en los centros de salud pudieron palpar el miedo de la comunidad y ver a clientes que devolvían sus cheques de WIC o que querían eliminar sus nombres de nuestras bases de datos”, dijo Lisa David, presidenta de Public Health Solutions, una organización que proporciona servicios sociales a comunidades vulnerables. 

WIC, un programa de alimentación para mujeres y niños, ni siquiera está incluido en la regla anunciada hace quince días, pero cada vez que el tema de carga pública estaba en las noticias o se anunciaba algún paso en esa dirección “la cantidad de personas que lo solicitaban bajaba en nuestras clínicas”. 

Los activistas enfatizaron que muchos programas no están incluidos y que, de todas maneras, el reglamento no es retroactivo, no se aplica a quienes hayan pedido cambio de visa o residencia antes del 15 de octubre de este año o a los beneficios de Medicaid, SNAP o Sección 8 recibidos antes de esa fecha. 

También recordaron que nada de esto afectará a las personas que ya tienen residencia legal, a los asilados a los naturalizados o a los sobrevivientes de violencia doméstica o de delitos, que hayan recibido la visa T o la visa U, por ejemplo. 

El reglamento final de “carga pública” fue anunciado el pasado 12 de agosto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y expande los programas y factores que serán considerados a la hora de decidir si un aspirante a visa o a tarjeta de residencia ha sido o puede llegar a ser una carga pública. 

“Anteriormente, solo los programas que ofrecen asistencia en efectivo contaban a la hora de definir quienes podía ser carga pública”, explicó Connie Choi, Directora de la campaña de Protección de Familias Inmigrantes de NILC. “La nueva regla incluye ahora el uso de otros programas como SNAP, Sección 8 (subsidios de vivienda) y Medicaid, entre otros factores como salud, edad, ingresos, etc”. 

Se eximen de la regla a los menores de 21 años que usan Medicaid así como a mujeres embarazadas y nuevas madres que accedan a este programa de salud. 

Entretanto, estos grupos están batallando legal y políticamente contra el gobierno de Donald Trump para minimizar el efecto del nuevo reglamento de “carga pública”, retrasar o impedir su aplicación, explicaron. 

En estos momentos hay media docena de demandas legales contra el reglamento y una demanda presentada por NILC el 15 de agosto, tan sólo tres días después de la emisión del reglamento final, solicita la suspensión del mismo en base a violaciones constitucionales y al daño que la medida hará a la salud y el bienestar de millones de familias, indicó Choi. 

“El reglamento reformaría dramáticamente el sistema de inmigración legal de nuestra nación, añadiendo un requisito económico centrado en el racismo”, dijo la activista. “Para superar esta prueba, solo estaría a salvo una familia de cuatro personas a partir de los 65.000 dólares anuales de ingresos. Estimamos que unos 26 millones de familias se verán afectadas”.

La congresista de Los Angeles, Judy Chu, dijo por su parte que la regla del ejecutivo contradice decisiones anteriores del Congreso de Estados Unidos de no incluir servicios no monetarios (non-cash) en la prueba de carga pública para inmigración y señaló que este es uno más de los ataques del gobierno de Trump contra los inmigrantes. 

“Este reglamento le pone un precio de costo a la entrada a este país, y al mismo tiempo dificulta el progreso de las familias inmigrantes”, dijo Chu. “Es irónico que el objetivo sea separar familias, ya que los inmigrantes piden menos ayuda pública si tienen familias que los sostengan. Permanecer juntos ha sido y sigue siendo una garantía de éxito”. 

Chu tiene un proyecto de ley (HR 4422) con 92 copatrocinadores que impediría el uso de fondos federales para implementar este reglamento. 

Por su parte Thu Quach, de Public Health Solutions, una organización de salud enfocada en la comunidad asiática y del pacífico con sede en Oakland dijo que todo el trabajo que los grupos están haciendo para educar a la comunidad, incluyendo ofrecer asesoría legal migratoria, “es necesario pero quita recursos a la atención sanitaria”. 

“Todo esto desvía recursos que tendrían que usarse en el cuidado del paciente y tiene un efecto en el sistema de salud, la comunidad y la organización”, dijo Quach.