Los jóvenes beneficiarios de La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sus familias siguen en un angustiante compás de espera a que la Corte Suprema decida –este mes- si la terminación de DACA por parte de la administración Trump fue lícita. Hace exactamente ocho años, gracias a una acción ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, más de 800 jóvenes que -en promedio- llegaron a Estados Unidos a la edad de 7 años han sido protegidos de la deportación y han podido trabajar y continuar con sus vidas en el único hogar que conocen. Ellos pudieron cursar estudios superiores, iniciar carreras profesionales promisorias y formar familias gracias a la protección de DACA. Más de 200 mil de ellos –si no lo saben- trabajan en funciones consideradas esenciales para mantener a sus vecinos y comunidades seguras en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. A pesar de ser parte inherente de la fábrica social del país, ellos continúan en una cruel e injusta espera por el ‘pecado’ de alimentar esperanzas y seguir ‘soñando’. 

Según el Centro para el Progreso Americano, casi 650 mil beneficiarios de DACA están profundamente arraigados en sus comunidades en Estados Unidos y sus contribuciones fiscales y económicas son notorias en todo el país, donde 1,5 millones de personas viven en hogares con jóvenes beneficiarios de DACA, incluidos sus hijos nacidos en Estados Unidos. Cada año, los ‘soñadores’ pagan  cerca de 600 millones de dólares en pagos hipotecarios, más de 2.3 mil millones dólares en pagos de alquiler, y sus hogares pagan 5.6 mil millones en impuestos federales y 3.1 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales. En suma, hacen importantes contribuciones fiscales y económicas a la nación. Amén de tener sólidos lazos familiares, muchos de ellos hoy son profesores, médicos y enfermeros y han vivido la mayor parte de su vida en diez de las áreas metropolitanas más grandes de la nación, donde más de 25 mil personas viven en un hogar con un beneficiario de DACA. Solo en Los Ángeles, por poner un ejemplo, hay casi 200 mil beneficiarios de DACA, incluyendo 26.500 de sus hijos nacidos en Estados Unidos viven con ellos. Si el fallo de la Corte Suprema permite a la administración Trump poner fin a DACA su impacto se extendería más allá de la vida de estos jóvenes poniendo en serio peligro a sus familias y a las comunidades que dependen de sus contribuciones fiscales y económicas.

En el pasado, hemos sido capaces de ‘inventar’ mecanismos que hicieron posible cultivar un ambiente de paz y convivencia a través del diálogo y el compromiso que permitieron dar paso a deberes y derechos inherentes a todo ser humano. Hoy el futuro se presenta incierto para los jóvenes ‘soñadores’, mas en la medida en que caminemos juntos podremos asegurar la libertad de los demás compartiendo nuestros principios y valores, nuestra fe y esperanza, sin olvidar que la mejor manera de asegurar nuestra esperanza es creando esperanza para los demás, especialmente para esos 800 mil jóvenes luchadores. Tenemos, pues, la responsabilidad de mantener vivo para las futuras generaciones los mecanismos que incidan en la paz y la protección de nuestras libertades, insistiendo con tenacidad en la imperativa necesidad de educarnos y participar en la vida cívica nacional. Nuestro compromiso con la educación debe ser enterizo, razón de más para no abandonar a su suerte a los cientos de miles de ‘soñadores’ que –a pesar de estar en la estacada– mantienen vivo el sueño y la esperanza de tener la oportunidad de poder seguir creciendo y educándose, preocupación por la educación que tiene su expresión más genuina en la enseñanza que se da a través del ejemplo.