Las autoridades migratorias continúan intentando deportar a inmigrantes recluidas en una prisión para indocumentados en Georgia que denunciaron haber sido abusadas por un ginecólogo de la cárcel, pese a que son testigos en investigaciones que se llevan a cabo en el Congreso y en el Departamento de Justicia, denunciaron este miércoles los abogados de las mujeres.

Algunas de las denunciantes ya se encontraban a punto de ser deportadas esta semana cuando los agentes recibieron la orden de que las expulsiones fueran suspendidas gracias a recursos de última hora presentados por sus representantes o congresistas que intervinieron en sus casos.

Ese fue el caso de la hondureña identificada como Jacckelin, una madre de 33 años casada con un ciudadano estadounidense, quien iba a ser deportada este miércoles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmó a Efe el abogado de inmigración Andrew Free.

“Hemos tenido que presentar demandas para detener estas deportaciones”, declaró Free, que considera que el ICE está “encubriendo” el escándalo en el Centro de Detención de Irwin, en la localidad de Ocilla, en el sur de Georgia, donde un grupo de 50 mujeres que están o han estado presas aseguran haber sido “abusadas o maltratadas” por el médico Mahendra Amin, especialista en obstetricia y ginecología que trabajaba allí.

La mayoría de estas indocumentadas denunciaron que fueron sometidas a cirugías ginecológicas innecesarias y sin su consentimiento que las dejaron estériles, lo que ha dado pie a investigaciones en el Congreso, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.

“En medio de una investigación criminal, parece que el ICE está deportando víctimas. Denunciamos cualquier esfuerzo por silenciar a las personas que hablan y ocultar evidencia física de abuso médico”, denunció este miércoles el Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos (CHC) en su cuenta de Twitter.

Al menos seis mujeres que denunciaron al ginecólogo ya fueron deportadas, según sus abogados.

El ICE, por su parte, ha insistido en que coopera plenamente en las investigaciones y que abriría una pesquisa independiente.

En una declaración anterior enviada a Efe, el abogado de Amin, Scott Grubman, negó "categóricamente” las denuncias contra su cliente, de quien dijo que es “un médico muy respetado que ha dedicado su vida adulta al tratamiento de una población de alto riesgo y desatendida en las zonas rurales de Georgia”.

El escándalo en la prisión de Irwin, operada por la corporación penitenciaria privada LaSalle Corrections, estalló en septiembre pasado luego de que grupos defensores de los derechos humanos, entre ellos Project South, presentaran una queja formal ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

En la denuncia, basada principalmente en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en esa cárcel, los activistas sonaron la voz de alarma de que en el centro de detención se estaban practicando las cirugías ginecológicas “innecesarias” y sin el consentimiento de las pacientes. EFE