Un estudio de la Universidad de Denver difundido esta semana refleja que casi dos de cada tres jornaleros de Colorado, la gran mayoría de ellos latinos indocumentados, son víctimas de robo de salarios y sólo unos pocos pueden recuperar una parte del dinero.

 El 62 por ciento de los 411 jornaleros entrevistados para el estudio experimentó robo de salarios, de los cuales un 50 por ciento inició gestiones para obtener el pago acordado y sólo unos pocos lograron que se les entregara al menos una parte, refleja el estudio hecho por el Centro de Estudios de América Latina de la Escuela "Josef Korbel" de la citada universidad.

 "La suposición de que se trata de trabajadores sujetos de deportación lleva a los empleadores a pensar que ellos no se quejarán" y que los pueden explotar "sin consecuencias", señaló la profesora Rebecca Galemba, responsable de estudio, en un comunicado de la universidad.

 Para esta investigación sobre el robo de salarios, que Galemba empezó a estudiar en Denver en 2012, la académica conformó un equipo de estudiantes que entrevistó a jornaleros en El Centro Humanitario, una organización no lucrativa con sedes en Denver y en Aurora que sirve de punto de encuentro entre jornaleros y sus empleadores.

 Uno de los primeros resultados fue detectar que muchos de los jornaleros no reportaban el robo de salarios por la vergüenza de haber sido engañados o para no hacerles saber a otros que habían sido "explotados".

 Solo después de "pasar tiempo con ellos", incluyendo compartir panecillos y café y estar en la calle junto a los trabajadores, Galemba y su equipo comenzaron a obtener la información que buscaban, tras lo cual las derivaban a estudiantes de Derecho.

 "Además de escuchar las historias de los trabajadores, cuando las personas tenían casos concretos, por lo menos las conectábamos con alguna forma de asistencia legal", explicó Galemba.

 El problema del robo de salarios no se limita solo a los jornaleros o inmigrantes. El Instituto Fiscal de Colorado (no gubernamental) estima que en este estado medio millón de personas pierden en total unos 750 millones de dólares anuales en salarios no pagados.

 A nivel nacional, el Instituto de Políticas Económicas (EPI) estima, usando datos de 2017, que 2,4 millones de trabajadores pierden más de 8.000 millones de dólares cada año por salarios no percibidos y que el problema afecta al 17 por ciento de los trabajadores de bajos ingresos.

 Según Galemba, la principal razón de robo de salarios no es reducir el costo de hacer negocios, sino "la facilidad de la explotación", combinada con "la desesperación" del jornalero en busca de ingresos.

 "Nuestro sistema legal no está diseñado para proteger a los trabajadores de bajos ingresos. No deberíamos hacerles las cosas aún más difíciles a los trabajadores que ya se sienten amenazados y silenciados", aseveró la investigadora. EFE