Sergio García, el abogado indocumentado que en 2014 se convirtió en el primer letrado en obtener licencia profesional en California sin tener estatus legal, logró la ciudadanía y ahora tiene el firme propósito de llevar su lucha por la comunidad inmigrante a la arena política.

 Aunque podría parecer la culminación de la larga batalla que García mantuvo con la política migratoria del país, casi desde que llegó con año y medio de nacido, su nuevo estatus constituye más bien un escalón hacia lo que define como su "verdadero sueño americano".

 "Ahora tengo una mayor obligación para hacer el cambio que necesita este país en muchos temas", dijo en entrevista con Efe García, de 42 años, tras naturalizarse ciudadano estadounidense el pasado jueves en una ceremonia celebrada en Sacramento, capital de California.

 "Las transformaciones se logran desde adentro y la ciudadanía estadounidense me permite entrar a ese mundo donde se hacen las leyes, que en algunos casos nos están perjudicando", agregó.

 El objetivo de este hijo de mexicanos es llegar a ser, al menos, Gobernador de California, aunque es consciente que necesita tiempo para forjar su carrera política y fondos económicos para llegar a lanzar su candidatura.

 "En todo este proceso como inmigrante aprendí que las cosas no se dan de la noche a la mañana, que hay que esperar y ser perseverante", observó García.

 Las fechas de su periplo migratorio las tiene muy bien grabadas en su memoria, como si fueran parte de un código legal. El 18 de noviembre de 1994 su padre, quién era residente permanente, ingresó la solicitud para que su hijo pudiera ajustar su estatus legal.

 Casi siete meses después, el 15 de junio de 1995, las autoridades de inmigración aprobaron la solicitud presentada en nombre de Sergio García, pero el abogado tuvo que esperar hasta el 20 de mayo de 2015 para que, al fin, le otorgaran la residencia permanente en respuesta a la petición hecha 21 años atrás.

 Mientras tanto, García culminó sus estudios de Derecho, pero su condición de indocumentado no le permitió ejercer, así que decidió llevar sus caso a los tribunales para exigir que se le otorgara una licencia profesional, meta que logró en enero de 2014 cuando la Corte Suprema de California se inclinó a su favor.

 Su caso de hecho se convirtió en la base de una ley estatal que autoriza a las agencias responsables de otorgar licencias profesionales que acepten un número de identificación tributaria, en lugar del seguro social, y prohíbe que se deniegue la licencia en base al estatus migratorio del profesional.

 La norma entró en efecto en 2016 y desde entonces ha ayudado a muchos profesionales y técnicos que, como García, no fueron favorecidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el que protege de la deportación a quienes llegaron siendo menores y cuya eliminación por parte del Ejecutivo es objeto de una batalla judicial.

 "No fue fácil, pero el buen resultado de esto es la muestra de que necesitamos leyes justas y no campos de concentración como los que, a mi forma de ver, hay en la frontera sur", manifestó el ahora ciudadano estadounidense.

 Las imágenes y noticias que llegan desde la frontera infligieron a la ceremonia de naturalización de García un sabor agridulce y emociones encontradas.

 "Estaba feliz pero a la vez triste, porque es demasiado lamentable que este país que derramó sangre para rescatar a personas de ese tipo de campos (de concentración) ahora los esté creando", se explayó.

 En la mira de sus críticas están las políticas migratorias de la Administración del presidente, Donald Trump, que a la vez constituyen un combustible para su anhelo de entrar en política.

 "A los cincuenta años espero estar lanzando mi candidatura a la gobernación, tengo este tiempo para prepararme y seguir en una lucha que para nadie debería parar sólo por hacerse ciudadano", aseveró. EFE