La violencia sigue siendo un problema generalizado en Honduras. El caos social provocado por la extorsión, secuestro, pandillerismo y homicidios han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares e iniciar una larga travesía con la esperanza de encontrar refugio migratorio en México o Estados Unidos. Algunos coronaron con éxito sus deseos de afincarse temporalmente en territorio estadounidenses, mientras otros esperan respuestas a sus pedidos de asilo en suelo azteca.

Cada migrante hondureño trae consigo una tragedia humana que queda oculta por la inmediatez de las noticias o la indiferencia de las autoridades migratorias. Este es el caso de Alma Lorena Lanza (40 años), directora de una escuela en la ciudad de Nacaome, departamento del Valle, quien en enero tuvo que abandonar todo para no morir en mano de los pandilleros. Su pecado fue llamarle la atención a un estudiante que era hermano de un miembro de la pandilla “M-18”.

Algo similar le sucedió con Glen Francisco Coello (48), comandante de una las comisarias más peligrosas de San Pedro Sula, quien a pesar de las amenazas del crimen organizado en dos años de trabajo pudo reducir en un 50 por ciento el número de homicidios en la “ciudad más violenta del mundo". Pese a ser un oficial ejemplar fue despedido y tuvo que solicitar asilo en Estados Unidos.

En igual situación se encuentran tres oficiales de alto rango de la policía hondureña y once policías jóvenes, quienes tras la salida del comandante Coello fueron amenazados de muerte por las peligrosas mafias que siguen operando en San Pedro Sula. Ellos han recibido la pre-certificación de la Embajada de Estados Unidos en Honduras y también se encuentran en México tramitando sus solicitudes de asilo para poder ingresar legalmente a territorio estadounidense.

La abogada Yofys Diaz, experta en casos de asilo para hondureños, dijo que para entender el incremento en las solicitudes de asilo basta con revisar las cifras del informe Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que revela que en Honduras han fallecido violentamente más de 50 mil personas en los últimos 10 años, lo que equivale a un promedio de al menos 470 víctimas por mes, siendo las principales víctimas jóvenes que no superaban los 30 años.

“En el caso de profesora Lanza los pandilleros amenazaron de muerte a su familia y le dieron 24 horas para salir del país. Ella, junto con su esposo y sus hijas Ada (7) y Lorena (5) hoy se encuentra en la frontera con México a la espera que se acepten su solicitud. El comandante Glen Francisco Coello ya vive en Estados Unidos, pero el resto de sus compañeros de armas aguardan una respuesta en suelo mexicano. Todos tuvieron que abandonar su tierra y escapar para proteger sus vidas. Son situaciones dramáticas que ojalá las autoridades federales puedan entender”, señaló Díaz.    

Agregó que recién este mes empezaron en San Diego (California) las primeras audiencias en casos de inmigrantes que fue devuelto a México como parte de una nueva política del gobierno, que obliga a los indocumentados a esperar al otro lado de la frontera sus procesos de asilo.

“El principal problema es que la mayoría de los solicitantes de asilo no cuentan con los medios económicos no solo para contratar un abogado, sino que tampoco pueden conseguir todos los documentos probatorios requeridos por las autoridades de inmigración. Es dramático el caso de muchos hondureños que todavía se encuentran en albergues en Tijuana”, acotó Yofys Diaz.

La abogada de la organización Human Rights First, Robyn Barnard, calificó  de “desordenado” el proceso recién iniciado, dado que las autoridades federales no están notificando a los inmigrantes de manera apropiada.

Manifestó que la semana pasada tuvieron que retrasarse las primeras audiencias, tras la “falla” y descoordinación entre las fechas de presentación entregadas a individuos y las fijadas por la Corte de inmigración, lo que propició que muchos no pudieron estar en su audiencia.

Baynard, quien representa a dos hondureños, solicitó que éstos permanezcan en Estados Unidos mientras avanza su proceso. Su petición fue concedida por el juez al advertir tanta descoordinación.

“Tienes migrantes en albergues de Tijuana, sin una casa fija, que durante todo el día están buscando trabajo en la calle, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tenía ninguna dirección oficial para remitir las órdenes para que los solicitantes de asilo se presenten a su audiencia, entonces cómo las autoridades federales planeaban notificar a estos individuos", puntualizó la abogada.

Según la oficina de migraciones de Honduras cada hora ocho hondureños abandonan el país, advirtiendo que entre diciembre de 2018 y enero 2019 más de ocho mil de sus connacionales cruzaron sus fronteras con dirección a Estados Unidos y México.