Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharon este martes los alegatos, a favor y en contra, de la continuidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Mientras en el interior de la sala se exponían los argumentos, en la calle más de un millar de jóvenes “soñadores” desafiaron las gélidas temperaturas y pidieron a gritos que se les permita seguir estudiando y trabajando junto a sus familias. 

Cerca de 700 mil jóvenes que fueron traídos al país cuando era niños se juegan la permanencia legal en territorio estadounidense o la deportación inmediata. La sesión duró poco más de una hora y la sensación de “división de criterios” entre los jueces era evidente. Se espera que en el primer trimestre del próximo año se emita un veredicto final sobre el controversial caso.  

Noel Francisco, abogado por parte del Gobierno, exhortó a los jueces a que no escuchen los fallos de tres jueces anteriores y que emitan un falo que permita dar por terminado el programa DACA.

Ted Olson, abogado de los “soñadores”, pidió a los magistrados tener en cuenta que la cancelación de DACA podría causar "una interrupción" en las vidas de cientos de miles de personas y sus familias.

Después de los argumentos expuestos, algunos miembros de la Corte Suprema aprovecharon para formular preguntas a los abogados y hacer comentarios generales sobre el caso. 

Los magistrados que mostraron cierta inclinación en favor de los “soñadores” Samuel Alito y Stephen Breyer, quienes dijeron no estar de acuerdo con la forma y manera en que el gobierno federal ha venido tratando el tema. Ambos coincidieron que diera la impresión que las autoridades “están jugando” con los jóvenes.

La juez Ruth Bader Ginsburg criticó, al referirse a la exposición del Gobierno, que uno de los documentos citados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está "infectado" con la idea de que DACA es "ilegal".

Asimismo, la magistrada Sonia Sotomayor pidió tener en cuenta las consecuencias de la decisión de acabar con DACA, al advertir que "no es acerca de la ley", sino de la elección de “destruir vidas”.

En cambio, el presidente de la corte John Roberts manifestó sus discrepancias sobre la legalidad que se le pretende conceder al programa DACA. También dijo que el tema central se trata sobre “permisos de trabajo y otros beneficios”.

El silencio del juez Clarence Thomas, quien se excusó de hacer preguntas o emitir comentarios jurídicos, fue una clara muestra de las diferencias al interior del máximo tribunal de justicia. 

Ahora la suerte de los “soñadores” queda en manos de los nueve magistrados de la Corte Suprema, quienes anunciaran su veredicto final en los primeros meses del 2020. 

Es importante precisar que según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hasta el 30 de junio pasado un total de 660.880 "soñadores" estaban amparados por DACA, cuya fecha de vencimiento -que depende de la fecha en que haya sido solicitado por cada "soñador"- varía entre enero de 2019 y junio de 2021.

De ese total, 529.760 son de origen mexicano, seguidos por 25.350 salvadoreños y 17.260 guatemaltecos, entre los primeros lugares.

Voces

La mexicana Dulce García, una de las seis "soñadoras" que demandó al Gobierno por poner fin a DACA aseguró este martes que el movimiento que impulsan los jóvenes migrantes no se detendrá ante cualquier decisión del Tribunal Supremo. "Pase lo que pase, sabemos que continuaremos con la lucha hasta que ganemos la legalización, ya que no es sólo para nosotros, sino también para los once millones de indocumentados en el país".

Para el colombiano Teodoro Larrea, quien estudia en la Universidad del Distrito de Columbia, el miedo a la deportación es permanente y ahora que el caso está en la Corte Suprema solo queda seguir en la lucha. “El único país que conozco es Estados Unidos. Tengo parientes en Colombia, pero esta es mi casa, aquí está mi vida, mi familia y no pienso salir”. 

Delegaciones de diferentes estados marcharon por las calles de Washington pidiendo a los miembros de la Corte Suprema que mantengan vigente DACA. Foto/ Javier Díaz

La hondureña Angélica Villalobos, una "soñadora" residente en Oklahoma, dijo que el temor es mucho más alto que antes de que yo tuviera DACA, porque técnicamente yo no estaba en la mira de inmigración, ahora sí. "Con DACA o sin DACA seguiremos aquí, la lucha sigue mientras continúen estas injusticias y ataques contra nuestra comunidad migrante; nosotros seguiremos peleando".

Monseñor Joe S. Vásquez, obispo de Austin (Texas) y presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), dijo que muchos de los jóvenes beneficiados con DACA son líderes parroquiales y contribuyentes importantes a nuestra economía y comunidades. “Instamos al Congreso y al presidente a trabajar juntos para encontrar una solución legislativa permanente a la difícil situación de todos los beneficiarios del citado programa”.

Jorge Loweree, director de políticas del American Immigration Council, comentó que esta audiencia es un reflejo de los sacrificios y la determinación de cientos de miles de soñadores en EEUU. “Este es un punto crítico para los beneficiarios de DACA, pero también para nuestro país. Aquí es cuando debemos decidir si planeamos honrar las promesas que hicimos a cientos de miles de personas con conciencia cívica, o si somos el tipo de país que le da la espalda a las personas que no quieren nada más que un trato justo”.

Para el presidente Donald Trump los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores "no son angelitos" y "algunos son criminales muy curtidos". Estos calificativos los realizó minutos antes que los miembros de la Corte Suprema escuchen los argumentos a favor y en contra del programa DACA.

 El mandatario utilizó su cuenta de Twitter para pedir a los jueces que concluya con el programa creado por el presidente Barack Obama que busca proteger a los jóvenes indocumentados de la deportación.

 "Muchas de las personas en DACA ya no son tan jóvenes y están lejos de ser 'angelitos'", afirmó Trump, que no obstante, prometió un acuerdo con los demócratas del Congreso para que se queden en caso de que el máximo tribunal suspenda el programa.

Los comentarios provenientes desde la Oficina Oval no son nuevos, ni mucho menos sorprende a los defensores de los inmigrantes, pues se sabe de sobra que el presidente quiere influencia en los miembros de la Corte Suprema para que decida si la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de poner fin a DACA es legal.

Largo camino legal

Los miembros de la Corte Suprema deberán definir en los próximos meses si avala la decisión del Gobierno de Donald Trump de acabar con este plan, anunciado en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama, o si extiende su vigencia a favor de miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres siendo niños y que no cuentan con un visado.

El 5 de septiembre de 2017, el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció el fin de DACA a partir del 5 de marzo de 2018:

DHS vs U. California 

Es un proceso compuesto por cinco demandas presentadas de forma separada en California, detalla en su web el National Immigration Law Center (NILC). Entre los querellantes están Dulce García, Miriam González Ávila, Saúl Jiménez Suárez, Viridiana Chabolla Mendoza, Norma Ramírez y Jirayut Latthivongskorn, todos beneficiarios de DACA.

Además, participa el sistema de la Universidad de California liderado por su presidenta Janet Napolitano. Fue precisamente Napolitano -en ese entonces secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Obama- quien anunció el 15 de junio de 2012 la creación de este plan de alivio migratorio.

 La acción es apoyada igualmente por los estados de California, Maine, Maryland y Minesota, así como la ciudad de San José, el condado de Santa Clara y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio de esa última localidad.

Casa Blanca vs NAACP

Esta demanda abarca la acción presentada el 3 de noviembre de 2017 ante un tribunal federal de Washington, DC, por la Universidad de Princeton, la estudiante María De La Cruz Perales Sánchez y Microsoft, que cuenta en sus registros de subsidios con unos 45 "soñadores".

 También incluye la querella que interpuso el 18 de septiembre de 2017 la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés), a la que se sumó en octubre de ese año la Federación Estadounidense de Maestros.

 De igual forman destacan entre los vinculados a la querella el Departamento de Empleados Profesionales, el Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

Mcaleenan vs Vidal

Según la página de internet de la Escuela de Leyes de Yale, originalmente esta demanda fue presentada por Martín Batalla Vidal, un joven "soñador" nacido en México a quien luego se sumaron la organización pro-inmigrante "Make the Road New York" y otros beneficiarios.

 La querella está dirigida contra una orden preliminar emitida por un tribunal federal en Texas que buscaba frenar la expansión de DACA y la Acción Diferida para Padres de Americanos Residentes Permanentes Legales (DAPA).

 Ante la posibilidad de que el presidente Trump acabara con este beneficio para los "soñadores", Batalla Vidal y "Make the Road New York" pidieron enmendar su queja para impugnar esta determinación.

 En septiembre de 2017 se sumaron a esta acción Antonio Alarcón, Eliana Fernández, Carlos Vargas, Mariano Mondragón y Carolina Fung Feng, otros cinco demandantes individuales residentes en Nueva York y también amparados por esta iniciativa.

Los demandantes alegan que la finalización de DACA viola la Ley de Procedimiento Administrativo, que, según el grupo de expertos del Constitutional Accountability Center, prohíbe una acción "arbitraria, caprichosa" que abuse de la discreción o, en caso contrario, no esté de acuerdo con la ley, por parte de una agencia federal, y la Quinta Enmienda de la Constitución.

Apoyos a “soñadores” 

Distintos sectores, desde educativos, empresariales e incluso del gobierno local y estatal, también han manifestado su respaldo a los "soñadores" mediante "amicus curiae" o "amigo de la corte", una figura jurídica que permite a actores ajenos a un juicio o proceso ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso.

 Entre los firmantes de "amicus curiae" están más de un centenar de ciudades y condados de 30 estados liderados por Los Ángeles y el Distrito de Columbia. También la Liga Nacional de Ciudades, la Conferencia de Alcaldes de EEUU, la Asociación Internacional de Abogados Municipales y la Asociación Internacional de Gerentes /Administración de Ciudades y Municipios.

Asimismo, la Cámara de Comercio de EEUU, la Federación Nacional de Venta al Detalle, la Asociación de Empresas de Texas y numerosas empresas de distintos sectores. De igual modo, más de un centenar de universidades e instituciones educativas de distintos niveles.