El número de menores no acompañados que llegan cada año a Estados Unidos no ha dejado de crecer y, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza –que detiene a estos niños en la frontera– el año pasado fueron detenidos cerca de 50.000 menores no acompañados, 8.500 más que el año anterior.

Los elevados índices de homicidios y delitos que sufren los países centroamericanos del Triángulo Norte son una consecuencia directa de las guerras civiles, sufridas en los años 70 y 80, y los niños –los más vulnerables– son los que más sufren por las situaciones creadas por esos conflictos que han obligado a miles de familias centroamericanas, presas por la violencia y el crimen, a enviar a sus hijos menores a cruzar la frontera en busca de un futuro digno.

Según la abogada Cate Scenna, del proyecto de asistencia legal a inmigrantes (MILAP), los menores no acompañados que reciben asistencia legal quintuplican sus probabilidades de lograr permanecer legalmente en Estados Unidos.

“El asilo –agregó– se aplica con mucha frecuencia y ampara a los niños no acompañados que son ciudadanos de países no contiguos. También pueden ampararse bajo la figura del asilo, los menores no acompañados que sean ciudadanos canadienses y mexicanos, siempre y cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos considere que dichos menores se encuentran ante una posible protección de asilo”.

Según Scenna, el estado especial de inmigrante juvenil también ampara a muchos menores no acompañados que hayan sido víctimas de abuso, de negligencia o de abandono de sus progenitores para que soliciten una petición de inmigración con el fin de poder permanecer de manera legal en Estados Unidos.

Desde el Pro Bono Resource Center de Maryland, organización que ofrece ayuda legal civil gratuita a los miembros más vulnerables y marginados, se muestran comprometidos con la necesidad de proteger a estos menores no acompañados y de informarles cuáles son sus derechos legales.

El próximo 13 de abril, los menores no acompañados que vivan en Maryland y que deseen informarse sobre cómo obtener asistencia legal pueden escribir a Mónica Larsen ([email protected]) o llamar al (443)773-3054. Se atiende también en español.

El compromiso de estos profesionales cobra más importancia si consideramos las conclusiones del Centro de Información de Acceso a Registros

Transaccionales (TRAC) sobre la aplicación de la ley de inmigración. Sólo un pequeño porcentaje de los menores que se presen-tan a la Corte de Inmigración –según TRAC– tiene los recursos financieros para contratar a un abogado y, en la mayoría de los casos, no entienden los desafíos de la ley de inmigración, ni los procedimientos a los que se enfrentan.