El condado de Prince William, que en 2008 instituyó una controversial cooperación de su policía con las autoridades federales de inmigración, anunció que dará por terminado su contrato con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Como inmigrante que soy puedo decir que no nos gusta este programa", dijo Elizabeth Guzmán, delegada en la Asamblea Legislativa de Virginia, en su presentación la noche del miércoles ante la Junta de Cárceles del condado, ubicado en el norte del estado.

"El programa crea división y mucha gente que se parece a mí se ha ido del condado debido a ese programa", añadió Guzmán.

Bajo el programa, que concluye el 30 de junio, se estableció una colaboración entre las cárceles del condado e ICE que permite que algunos agentes desempeñen funciones que competen a las autoridades federales y que informen a esas autoridades sobre el estatus inmigratorio de las personas detenidas.

La junta que dirige el Centro Regional de Detención de Adultos en el condado votó para no renovar el contrato con ICE, y después de fin de este mes el condado de Culpeper, en el suroeste del estado, será la única jurisdicción en Virginia con una legislación similar.

La composición demográfica de Prince William, un condado con unos 470.000 habitantes, ha cambiado notablemente desde mediados de la década pasada, cuando el encarecimiento de la vivienda en Alexandria y los condados de Arlington y Fairfax, al norte, empujó a más inmigrantes hacia el sur.

Como respuesta a esa inmigración, principalmente de personas oriundas de América Central, el condado adoptó medidas que llevaron a boicots, amenazas y confrontaciones entre la policía y los migrantes, especialmente los jornaleros que se congregan habitualmente en algunos sitios a la espera de ser contratados para labores temporarias.

La ley de Prince William permitía que la policía interrogase a un detenido sobre su situación legal, pero también ha servido para negar servicios a los ancianos, las personas sin hogar o los drogadictos.

El temor a la deportación, junto con la crisis económica en la Gran Recesión de 2007-2009, hizo que entre 2.000 y 6.000 migrantes abandonaran el condado, según un estudio hecho por la Universidad de Virginia.

En medio de disputas sobre la legalidad de las medidas en el condado, la ordenanza se modificó en 2008 y la policía recibió la instrucción de que podía hacer preguntas sobre el estatus inmigratorio de una persona, pero solo después de un arresto.

Gradualmente, la aplicación de las ordenanzas antiinmigrantes se ha disipado en el condado de Prince Williams, y la votación en la Junta de Cárceles refleja el vuelco más generoso hacia los migrantes y una mayor influencia de los demócratas en la región. EFE