La última determinación del fiscal general, William Barr, de no permitir que los familiares de una víctima de violencia sean elegibles al asilo como un "grupo social particular", causará "un daño irreparable" a los solicitantes, especialmente a los centroamericanos, advierten este martes expertos.

 "Sabemos que estos son algunos de los solicitantes de asilo más vulnerables, ya que los padres huyen con sus hijos para protegerlos de la persecución", señaló en un comunicado el director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Benjamin Johnson.

 La preocupación por el anuncio de Barr, que se implementará a partir del 3 de septiembre, se extendió especialmente entre aquellos que defienden a los centroamericanos solicitantes de asilo.

 "La mayoría de casos de centroamericanos se basan en las amenazas hechas a un familiar como los padres, los tíos, los hermanos, ahora esas amenazas o incluso la muerte de los familiares de solicitantes no va a servir en estos casos", explicó a Efe el abogado Fernando Romo, de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

 La nueva regla se da tras la anulación por parte del fiscal general de un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que concedió el asilo político a un mexicano que argumentó que su vida corría peligro luego de que su padre fuera amenazado por el cártel de drogas La Familia Michoacana en Ciudad de México.

 Al pronunciarse sobre "Matter of L-E-A", el fiscal general asegura que BIA "reconoció indebidamente a la familia inmediata del padre del demandado como un 'grupo social particular' a los efectos de calificar para el asilo".

 Romo resalta que esta clasificación de "grupo social particular" era una de las últimas maneras que los defensores tenían para argumentar ser elegibles para el asilo.

 Jeremy McKinney, vicepresidente de AILA, advierte que "la decisión del fiscal general ignora décadas de jurisprudencia de los tribunales que han concluido que las familias son el grupo social particular "por excelencia" para calificar para el asilo, y pone de ejemplo el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, que "tienen una jurisprudencia voluminosa que contradice directamente la decisión de Barr".

 Johnson subraya que "no es exagerado" el gran impacto que causará la decisión y la equipara a las instrucciones dadas el verano pasado por el exfiscal general Jeff Sessions, que reforzó las exigencias para el asilo y dejó por fuera del amparo a víctimas de violencia doméstica o de pandillas.

 Romo puso de ejemplo el caso de una guatemalteca que ingresó en 2017 al país y basó su petición de asilo por ser víctima de violencia doméstica, y aunque la juez la dejó exponer su caso al final de la audiencia, el miércoles pasado en la corte de inmigración en Los Ángeles, le negó la petición citando la decisión de Sessions.

 Según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), durante el año fiscal 2018 se logró un nuevo récord sobre las decisiones de jueces de inmigración que otorgan o niegan asilo, con 42.224 fallos, el 65% de los cuales fueron negados.

 AILA destaca que Barr tiene el poder de hacer estas determinaciones y que solo un cambio profundo que permita la independencia del "sistema judicial de inmigración separado del Departamento de Justicia" podrá detener la dura política migratoria de la actual administración.

 Esta semana, el senador Lindsey Graham espera votar en el Comité Judicial del Senado su proyecto para modificar el sistema de asilo y el Acuerdo Flores, que no permite mantener detenidos a los menores más de 20 días.

 Graham ha amenazado incluso con modificar las reglas del comité después que la semana pasada no se lograra votar la propuesta por la ausencia de los demócratas, y así forzar una votación. EFE