La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presentó una demanda el 18 de febrero contra la administración Trump por la suspensión de los fondos para el reasentamiento de refugiados.
La USCCB argumenta en la demanda, según un reporte de The Associated Press, que la suspensión es ilegal y perjudica a los refugiados recién llegados, e insta al gobierno a restablecer la financiación para servicios vitales.
Los Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB, una de las 10 agencias nacionales que trabajan con el Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU., o USRAP, proporcionan apoyo crítico a los refugiados durante sus primeros 90 días en los EE.UU., incluyendo servicios que incluyen ayuda para encontrar vivienda inicial, conseguir empleo, matricular a los niños en la escuela, programar citas médicas y clases de inglés.
La suspensión de la financiación, que comenzó en enero, sigue una orden ejecutiva que ordena una revisión del reasentamiento de refugiados.
El presidente de la USCCB, el arzobispo Timothy P. Broglio, de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de EEUU, expresó su preocupación por la incapacidad de la conferencia para seguir atendiendo a los refugiados que les asignó el gobierno.
La demanda pone de relieve la larga colaboración entre la USCCB y el gobierno de EE.UU. en el reasentamiento de refugiados, haciendo hincapié en las obligaciones morales y legales de apoyar a quienes huyen de la persecución.
Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, dijo a OSV News el 18 de febrero que la demanda presentada por la USCCB "desafía la suspensión de la financiación para la asistencia a los refugiados que hemos gestionado durante décadas".
Como se informó anteriormente, el sitio web de la USCCB afirma que su oficia de Servicios de Migración y Refugiados "es la agencia de reasentamiento de refugiados más grande del mundo" y que, en colaboración con sus afiliados, reasienta aproximadamente al 18% de los refugiados que llegan a EE.UU. cada año.
"Los refugiados son personas que han sido sometidas a procedimientos especiales de selección e investigación de antecedentes por el gobierno de Estados Unidos y que huyen de las dificultades y la persecución en sus países de origen para reasentarse en los Estados Unidos", dijo Noguchi en un correo electrónico. "A lo largo de esta larga colaboración con el gobierno estadounidense, la USCCB ha ayudado a casi un millón de personas a encontrar seguridad y construir sus vidas en Estados Unidos".
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, los refugiados son personas que han abandonado sus países de origen y no quieren o no pueden regresar debido a un temor real o fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.
"Instamos al gobierno a que cumpla sus obligaciones legales y morales con los refugiados y a que restablezca la financiación necesaria para garantizar que las organizaciones religiosas y comunitarias puedan continuar esta labor vital que refleja los valores de compasión, justicia y hospitalidad de nuestra nación", declaró Noguchi.
