Después de un revés, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (o USCCB, por sus siglas en inglés) continúa su batalla legal contra la suspensión de fondos federales para los servicios de reasentamiento de refugiados impuesta por la administración de Donald Trump.
Los obispos también buscan el reembolso de $13 millones en fondos federales que habían sido otorgados por la administración de Joe Biden, y posteriormente cancelados por Trump.
Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, declaró a OSV News que "hemos apelado nuestro caso ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito de D.C."
"La USCCB continúa abogando por los refugiados y estamos haciendo lo posible para garantizar que los refugiados recién llegados y sus familias, quienes fueron asignados a nuestro cuidado por el Departamento de Estado, no sean privados de la asistencia que Estados Unidos les prometió", añadió.
En una decisión de 16 páginas emitida el 11 de marzo, el juez de distrito de Estados Unidos Trevor McFadden negó la solicitud de los obispos, escribiendo que "la Conferencia alega que, en las últimas semanas, el Gobierno pausó y luego revocó sus contratos. La cuestión aquí no es si el Gobierno tenía derecho a hacerlo, y mucho menos si tenía razón para hacerlo. No, la cuestión es mucho más concreta: si esta Corte tiene la facultad para conceder la drástica medida de emergencia que la Conferencia busca. No la tiene".
McFadden, designado por Trump en 2017, escribió que la conferencia busca un "remedio puramente contractual" y agregó que "la Ley Tucker establece que todas las disputas contractuales con el Gobierno deben resolverse en la Corte de Reclamos Federales".
El 12 de marzo, la conferencia de obispos presentó una apelación en contra de esa decisión ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.
El contrato de reasentamiento de refugiados entre la USCCB y el gobierno federal fue suspendido por la administración el 24 de enero, cuatro días después de que Trump firmara una orden ejecutiva que detuvo el Programa de Asistencia a Refugiados de Estados Unidos.
La USCCB presentó una demanda contra la administración el 18 de febrero, argumentando que la suspensión era "ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados" y "un claro ejemplo de una acción arbitraria y caprichosa llevada a cabo por una agencia" que "viola múltiples estatutos" y "socava la separación de poderes establecida en la Constitución".
Los obispos fueron notificados de la terminación del contrato en dos cartas del 26 de febrero, obtenidas por OSV News, enviadas por el contralor del Departamento de Estado, Joseph G. Kouba, a Anthony Granado, secretario general adjunto de la USCCB para políticas y defensa.
Las cartas de Kouba ordenaban a la USCCB "detener inmediatamente todo trabajo en el programa y no incurrir en nuevos costos después de la fecha de vigencia indicada" y "cancelar tantas obligaciones pendientes como sea posible".
Las cartas señalaban que "los informes finales deberán presentarse de acuerdo con las disposiciones del acuerdo". Copias de estas cartas fueron incluidas en la "notificación de cambio de hechos materiales" presentada por la administración Trump el 27 de febrero en respuesta a la demanda de la USCCB.
En dicha notificación, la administración también argumentó que la disputa de la USCCB debía resolverse en la Corte de Reclamos Federales.
"La terminación por parte del Departamento de Estado de los acuerdos subyacentes a esta disputa ahora coloca claramente este asunto en el ámbito de una disputa contractual que busca más de $10.000, lo que cae dentro de la jurisdicción exclusiva de la Corte de Reclamos Federales bajo la Ley Tucker", señaló la administración.
En su demanda, los obispos argumentaron que, en la fecha de la suspensión del contrato, "más de 6,700 refugiados asignados a la USCCB por el gobierno … aún estaban dentro de su período de transición de 90 días".
Los refugiados que ya se encuentran en Estados Unidos a través del programa "pueden quedar pronto sin apoyo, contraviniendo la voluntad expresada por el Congreso en la ley y dificultando su establecimiento como miembros productivos de la sociedad", escribieron los obispos en ese momento.
