ANNAPOLIS – Durante los primeros días del segundo mandato del presidente Donald J. Trump, se emitieron diversas órdenes ejecutivas que afectaron los derechos de inmigrantes y migrantes. El 23 de enero, representantes de parroquias y oficinas diocesanas de Maryland asistieron a una sesión informativa sobre el tema, organizada por expertos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Más de 50 personas se congregaron en la iglesia de San Juan Neumann en Annapolis, pocos días después de la toma de posesión presidencial. El evento fue patrocinado por la Conferencia Católica de Maryland, que representa a las arquidiócesis de Baltimore y Washington, así como la diócesis de Wilmington, en Delaware. Estas jurisdicciones incluyen diversas áreas de Maryland. El evento contó con la asistencia de varios obispos del estado.
David Spicer, director asistente de políticas de los Servicios de Migración y Refugiados (MRS) de la USCCB, comentó cuán desalentadora parecía haber sido la semana, mientras detallaba una lista de 10 acciones ejecutivas con implicaciones significativas para la migración y los no ciudadanos. Otra orden ejecutiva revocó más de 70 medidas implementadas durante la administración del presidente Joe Biden.
Una de las medidas de Trump tendría un efecto considerable en el proceso de reasentamiento de refugiados, área en la que MRS desempeña un papel fundamental al ofrecer apoyo a quienes han sido autorizados para ingresar a Estados Unidos desde otras naciones.
Spicer explicó que la orden “Protección de Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública” exige un control más estricto de todas las personas aceptadas desde el inicio del mandato de Biden. Esto significaría que algunos, cuya solicitud de asilo ya fue aprobada, pero que aún no han viajado a Estados Unidos, podrían verse impedidos de ingresar y tendrían que permanecer en su país de origen –donde enfrentan serios riesgos– o en el país al que fueron inicialmente desplazados.
Spicer subrayó que el obispo Mark J. Seitz, de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de los Obispos, declaró: “Detener indefinidamente el reasentamiento de refugiados carece de justificación, ya que el proceso de verificación al que son sometidos ha demostrado ser una de las vías legales más seguras hacia Estados Unidos. Por otro lado, la inmigración legal no humanitaria y las personas naturalizadas también está siendo blanco de estas políticas, bajo la premisa de una supuesta ‘identidad estadounidense unificada’”.
Señaló también que el objetivo de Trump de establecer un “control operativo total” en la frontera busca impedir que cualquier persona entre al país sin autorización. Asimismo, quienes anteriormente podían solicitar asilo al ingresar a Estados Unidos ahora tendrían que permanecer en México u otro país para procesar su solicitud. Sin embargo, esto tampoco podrán hacerlo, pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerró la aplicación CBP One, que permitía a las personas gestionar solicitudes de asilo y programar citas desde otros países. Aquellos que ya tenían citas se encontraron con que éstas fueron canceladas, quedando en un estado de total incertidumbre.
Spicer también dijo que los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) no permiten ningún tipo de procesamiento humanitario ni de libertad condicional humanitaria, sin excepciones. “Por lo tanto, el MPP ya no tiene sentido porque los migrantes nunca obtendrán una audiencia”, afirmó.
Los obispos de Estados Unidos han instado constantemente a que se apruebe una legislación bipartidista para reformar el sistema de inmigración, señaló. Los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, pero la mayoría de 53-47 en el Senado dificulta la aprobación, ya que los demócratas podrían recurrir al filibusterismo en la mayoría de las leyes que requieren 60 votos para avanzar. La mayoría en la Cámara de Representantes es muy estrecha, por lo que incluso uno o dos republicanos que voten en contra del resto del partido pueden detener una legislación.
Spicer comentó: “No he escuchado al presidente Trump hablar sobre la creación de una ley de reforma migratoria. Su enfoque ha sido principalmente a través de acciones ejecutivas”.
Por su parte, en un comunicado emitido el 22 de enero, el obispo Seitz, en representación de la USCCB, declaró: “Exhortamos al presidente Trump a abandonar estas políticas enfocadas únicamente en la aplicación de la ley y a buscar soluciones justas y compasivas. Le solicitamos colaborar de buena fe con los miembros del Congreso para lograr una reforma migratoria significativa y bipartidista. Esta reforma debería promover el bien común a través de un sistema migratorio eficiente y ordenado. Mis hermanos obispos y yo estamos comprometidos a apoyar este esfuerzo en todo lo que sea posible, mientras seguimos acompañando a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, conforme al Evangelio de la Vida”.
Otra de las órdenes ejecutivas de Trump también intentó poner fin a la ciudadanía por nacimiento en este país, mediante una interpretación diferente de la Decimocuarta Enmienda. Spicer dijo que la Corte Suprema abordó esta cuestión a finales del siglo XIX y determinó que era válida. Al final de la reunión en Annapolis, un juez federal en Seattle había suspendido la orden ejecutiva, calificándola como “flagrantemente inconstitucional”. Esa noticia se compartió con los asistentes, quienes aplaudieron y expresaron su alivio.
James Brooks, funcionario de relaciones comunitarias de las oficinas de campo del ICE en Baltimore y Washington, agradeció a Spicer por su presentación resumida de las órdenes ejecutivas. Sin embargo, aseguró que, aunque existe preocupación por la posibilidad de redadas masivas derivadas de estas órdenes, “nos estamos enfocando en quienes representan una amenaza para los Estados Unidos, como delincuentes conocidos y personas que han sido arrestadas”.
Añadió: “Nos enorgullece que muchos de los arrestos realizados por nuestra oficina hayan contribuido a prevenir la revictimización dentro de las comunidades inmigrantes. En la mayoría de los casos, los agresores suelen apuntar a personas que conocen, y éstas se encuentran dentro de estas mismas comunidades”.
El obispo Evelio Menjívar-Ayala, obispo auxiliar de Washington, quien en su momento fue un inmigrante indocumentado al llegar al país, preguntó si, cuando los oficiales del ICE llegan a una residencia u otro lugar en busca de un delincuente específico, podrían también arrestar a otros miembros de la familia que se encuentren indocumentados.
“Si hay otras personas en el mismo domicilio que sean elegibles para deportación (del país), podrían ser arrestadas”, respondió Brooks.
Dicho esto, señaló que si las personas en la vivienda son víctimas, por ejemplo, de violencia doméstica, lo mejor que podrían hacer es alejarse del agresor por su propia seguridad.
El padre T. Austin Murphy Jr., párroco de Christ the King en Glen Burnie y St. Bernadette en Severn, preguntó si eso podría disuadir a las personas de denunciar casos de violencia doméstica si ellos o su pareja están en el país de manera irregular.
Brooks aclaró que la policía local, no el ICE, es la encargada de responder las llamadas al 911 para reportar estos delitos. “La policía local no está contactando a inmigración específicamente en casos de violencia doméstica”, afirmó. También aclaró que la aplicación de la ley contra la comunidad de inmigrantes indocumentados está especialmente dirigida a “extranjeros criminales que han cometido delitos violentos, delitos sexuales, miembros de pandillas y personas que representan amenazas a la seguridad nacional o terrorismo. Esos son los elementos en los que estamos enfocándonos”.
Durante una pausa en la reunión, Brooks y su colega, Michael Gibson, asistente especial del director de la oficina de campo de Baltimore, mencionaron que estuvieron reunidos hace unas semanas con el obispo auxiliar de Baltimore y vicario para el Ministerio Hispano, Bruce A. Lewandowski, C.Ss.R. Destacaron que la reunión fue productiva y expresaron su agradecimiento por la oportunidad de colaborar con la Iglesia Católica, así como con otras comunidades de fe y organizaciones cívicas.
Viviana Westbrook, abogada de defensa estatal y local de CLINIC, ofreció una presentación sobre los derechos de las personas en caso de que sean abordadas por agentes del ICE o policías locales.
“Los inmigrantes tienen derechos, independientemente de su estado migratorio”, dijo, aunque señaló que algunos pueden tener un mayor riesgo de ser deportados si no tienen un estatus legal, tienen antecedentes penales, están en libertad condicional o tienen una orden de deportación previa.
CLINIC ofrece un paquete de “Conozca sus derechos” en 10 idiomas. Este documento de 18 páginas incluye información sobre cómo actuar si un agente llega a su hogar o a otro lugar, cómo interpretar una orden de registro o arresto, y los pasos para prepararse para una emergencia.
CLINIC también ofrece una tarjeta sencilla que dice: “Estoy ejerciendo mis derechos”, acompañada de otros detalles en inglés, español y portugués. La tarjeta informa sobre el derecho a contactar a un representante legal, que en los casos de inmigración puede ser un abogado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia. Aunque no sean abogados, quienes estén completamente acreditados por el DOJ pueden acompañar y representar a las personas ante el tribunal de inmigración.
Westbrook dijo que es posible que los inmigrantes se preocupen de si es seguro continuar con sus actividades normales. “No queremos que nuestras comunidades inmigrantes tengan miedo de ir a rezar, trabajar o llevar a sus hijos a la escuela”, expresó, señalando que, en el pasado, los agentes de inmigración solían esperar cerca de las paradas de autobuses escolares y, después de que el autobús partía, arrestaban a los padres que habían estado esperando a sus hijos.
También se refirió a una de las órdenes ejecutivas de Trump, que eliminó una medida que prohibía a los oficiales realizar redadas o arrestos en áreas consideradas sensibles o protegidas, como escuelas, paradas de autobuses, bibliotecas y lugares de culto, bajo el argumento de que esta medida permitiría a delincuentes perseguidos por la policía refugiarse en iglesias para evitar ser arrestados. Sin embargo, aclaró: “Todas las razones que mencionan para justificar la revocación no son ciertas”, ya que las persecuciones en curso o los casos relacionados con la seguridad nacional ya estaban exentos de la prohibición.
Asimismo, instó a los padres a designar a un familiar o amigo de confianza como tutor suplente para garantizar el cuidado de los niños, en caso de que uno o ambos padres sean arrestados, detenidos o deportados. Eso ayudará a evitar que el niño sea enviado a la custodia de los Servicios de Protección Infantil.
Después de discusiones en pequeños grupos entre los asistentes, uno sugirió que la Conferencia Católica de Maryland reclute a un coordinador que pueda organizar presentaciones de “Conozca sus derechos” en las parroquias, en colaboración con abogados de inmigración que las conduzcan.
Karen Ponce, residente de Elkton, Maryland, y colaboradora de la parroquia St. John-Holy Angels en Newark, Delaware, agradeció el taller. “Me encanta toda esta información porque hay muchas preguntas que tenemos y no sabemos cómo reaccionar. Ahora tenemos información sobre cómo responder ante una situación en la iglesia o en la escuela”.
Ponce, quien llegó a Estados Unidos a los 18 años con una tarjeta de residencia gracias a sus padres, comentó que muchas personas que conoce sienten nerviosismo y temor.
“Es una situación triste y complicada”, señaló. Explicó que muchas personas vienen al país buscando una vida mejor, especialmente para sus hijos, aunque a veces no saben quiénes llegan a sus comunidades. En su opinión, eliminar a los delincuentes “no es algo malo”.
El padre Murphy comentó que la mayoría de las personas que llegan a Estados Unidos, incluso si lo hacen sin pasar por los canales legales, logran avanzar lentamente en sus procesos de inmigración. Sin embargo, señaló que algunas personas –particularmente aquellas vinculadas a organizaciones criminales– no deberían estar en el país, y subrayó la importancia de tratar a las personas como individuos en lugar de generalizar por grupos.
Asimismo, mencionó que el taller resultó beneficioso, ya que algunos jóvenes de su grupo de adolescentes habían preguntado –sin sarcasmo alguno– cuál de sus padres sería arrestado y deportado. Resaltó que proporcionar información clara y detallada es fundamental porque, en ausencia de datos confiables, las personas tienden a crear ideas erróneas y alejadas de la realidad.
Por su parte, antes de la oración de clausura, el obispo Menjívar-Ayala comparó la situación migratoria actual con el cuidado de un paciente con cáncer. Explicó que, ante la falta de respuestas o soluciones inmediatas, es crucial brindar a los inmigrantes acompañamiento y apoyo pastoral y espiritual, incluyendo atención en salud mental, dado que la situación puede ser emocionalmente desgastante.
“Sí, la parte legal es importante y la defensa también, pero la parte más importante es el acompañamiento pastoral y espiritual”, concluyó.
Correo electrónico de Christopher Gunty: editor@CatholicReview.org
