La deportación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos implica una serie de preocupaciones legales y económicas que van desde la pérdida potencial de sus viviendas hasta el no pago de salarios por parte de empleadores y cuyas consecuencias pueden resultar devastadoras.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS,siglas en inglés), más de 300 mil personas fueron deportadas en 2023, muchas de ellas formaban parte de sectores como la construcción, la agricultura y el servicio doméstico.
¿Qué sucede con la vivienda de un inmigrante deportado?
Cuando un inmigrante indocumentado es deportado de Estados Unidos, la situación patrimonial puede complicarse. Si la persona posee una vivienda en el país de las oportunidades, su estatus de deportación no implica automáticamente la pérdida de la propiedad, ya que, de acuerdo con la legislación estadounidense, este proceso no significa una expropiación inmediata. Sin embargo, la distancia, la falta de acceso al sistema judicial, al financiero (cuando existan hipotecas) y el pago de impuestos pendientes, pueden complicar la administración de estos bienes.
Al respecto, el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de la firma Quiroga Law Office, PLLC, advirtió que “el estatus migratorio no afecta el derecho de propiedad en Estados Unidos. Si una persona ha adquirido legalmente una casa, ese bien inmueble sigue siendo suyo, aunque ya no resida en el país. De allí la importancia de que quienes corran este riesgo busquen representación legal, que les permita gestionar estos asuntos de manera correcta”.
Otra de las recomendaciones para este tipo de casos es designar un apoderado o vender la propiedad antes de que la situación se agrave.
Deportación y salario: ¿pierde el pago pendiente?
Otro escenario común es el que puede darse en el campo laboral, especialmente cuando un inmigrante está a punto de recibir su salario y es detenido por las autoridades migratorias. Bajo la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), los empleadores están obligados a pagar por el trabajo realizado, sin importar el estatus migratorio del empleado. No obstante, en la práctica, muchos de ellos no reciben la liquidación por los servicios prestados.
“Los trabajadores indocumentados tienen derecho a recibir su salario completo, independientemente de su estatus migratorio. Si un empleador se niega a pagar después de la deportación, el inmigrante puede presentar una demanda laboral o pedir a un abogado que lo represente en Estados Unidos, con el objetivo de reclamar ese dinero”, puntualizó el abogado Quiroga, quien además informó que, incluso desde el exterior, es posible iniciar acciones legales para recuperar los salarios adeudados.
Denuncias para no pagar por servicios
Aunque no parezca verdad, algunos empleadores, conscientes de la situación vulnerable de los inmigrantes, recurren a tácticas fraudulentas para evitar el pago de los servicios prestados. Un caso típico es el de aquellos que son denunciados ante las autoridades migratorias justo antes de recibir su compensación. Este tipo de prácticas no solo son inmorales, sino ilegales. Bajo la ley, los inmigrantes tienen derecho a recibir una remuneración justa por el trabajo que han realizado.
"Denunciar a un trabajador indocumentado para evitar el pago de salarios es una violación directa de sus derechos laborales. Es fundamental tener en cuenta que la ley protege a los trabajadores, quienes pueden denunciar la situación, incluso desde su país de origen, a través de un abogado”, confirmó el especialista en inmigración Héctor Quiroga.
Actuar rápidamente, una de las recomendaciones en estos casos
Si un inmigrante se enfrenta a una situación de deportación, lo más importante es actuar rápidamente. En caso de tener propiedades en Estados Unidos, se recomienda designar a una persona de confianza para gestionar los asuntos financieros y legales. Además, es crucial documentar cualquier trabajo realizado y mantener copias de los contratos y comunicaciones con los empleadores.
“Muchos inmigrantes no están al tanto de sus derechos y esto es aprovechado por personas que toman ventaja de su vulnerabilidad para violar los derechos de quienes buscan un futuro mejor en el país. Por esta razón es vital que las personas, aunque indocumentadas, entiendan que tienen derechos laborales y de propiedad en los Estados Unidos”, enfatizó el abogado Héctor Quiroga.
Acerca de Quiroga Law Office, PLLC. Es una firma de abogados de inmigrantes para inmigrantes, que se crea para ayudar a las personas a alcanzar el sueño americano. Estamos ubicados en Kennewick, Spokane, Tacoma, Vancouver, Wenatchee, en Washington; Las Vegas, en Nevada, y Querétaro en México.
DATOS
- Más de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en EEUU y enfrentan riesgos diarios.
- La Ley de Migración y Nacionalidad (INA) ofrece derechos, incluso, en situaciones de deportación.
- Inmigrantes pueden recuperar propiedades y exigir salarios no pagados, aún después de ser deportados.
- El estatus migratorio no anula los derechos fundamentales de los trabajadores.
