El 24 de enero, el presidente de EEUU Donald Trump utilizó su autoridad ejecutiva para bloquear el uso de fondos de los contribuyentes de impuestos para financiar procedimientos de aborto electivo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Trump reinstauró una política comúnmente conocida como la Política de la Ciudad de México, que prohíbe que los fondos de los contribuyentes sean destinados a organizaciones no gubernamentales en el extranjero que realicen o promuevan abortos. También firmó una orden ejecutiva para reforzar la prohibición de financiamiento federal para abortos, conocida como la Enmienda Hyde.
La Política de la Ciudad de México, a veces conocida como la "norma mordaza global" por sus opositores, fue implementada por primera vez en 1984 por el expresidente Ronald Reagan. Desde entonces, cada presidente republicano ha autorizado la política, mientras que cada presidente demócrata la ha derogado. En 2021, la administración Trump amplió el alcance de planificación familiar de esta política para incluir la mayoría de la asistencia sanitaria global financiada por el gobierno federal, renombrándola como la política de "Protección de la Vida en el marco de la Asistencia Sanitaria Global".
La orden ejecutiva de Trump para reforzar la Enmienda Hyde argumentó que "la administración anterior incorporó el financiamiento federal del aborto electivo en una amplia variedad de programas gubernamentales". También revocó algunas órdenes ejecutivas emitidas por el expresidente Joe Biden, incluyendo una que ordenaba la estricta aplicación de la Ley de Acceso a las Entradas de las Clínicas (o FACE, por sus siglas en inglés), que prohíbe acciones como obstruir el acceso a clínicas de aborto, y otra que definía el aborto como "atención médica".
La orden señaló que las leyes federales que "protegen el acceso a la atención médica de emergencia para mujeres embarazadas bajo la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto Activo (o EMTALA, por sus siglas en inglés) y las que protegen la información personal de salud bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (o HIPAA ) permanecen en pleno vigor".
RealClear Politics informó primero que Trump firmó esta orden mientras estaba a bordo del Air Force One, solo horas después de haber pronunciado un mensaje virtual grabado para la Marcha por la Vida del 24 de enero ese mismo día.
Ni Trump ni el vicepresidente JD Vance, quien se dirigió en persona a la Marcha por la Vida nacional, mencionaron sus planes de hacerlo durante sus discursos a favor de la vida en Washington.
Mini Timmaraju, presidenta y directora ejecutiva de Reproductive Freedom for All (antes NARAL Pro-Choice America), argumentó en una declaración que, como candidato, "Trump intentó minimizar su papel en la anulación de Roe v. Wade. Y ahora ha pasado su primera semana en el cargo emitiendo directivas antiaborto que desmantelan las protecciones federales".
"Estas políticas perjudican a quienes necesitan acceso a la atención de salud reproductiva, incluyendo el aborto, en nuestro país y en el mundo, y lucharemos contra ello", manifestó Timmaraju.
Por otro lado, Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, que trabaja para elegir candidatos provida a cargos públicos, elogió las órdenes en un comunicado, argumentando: "Con esta acción, el presidente está sacando a los contribuyentes estadounidenses del negocio del aborto y devolviendo la cordura al gobierno federal".
"Esto es una gran victoria para los niños y las madres, y refleja la voluntad de la mayoría de los estadounidenses, quienes se oponen firmemente a financiar la industria del aborto en el país y en el extranjero", agregó Dannenfelser. "En nombre de los estadounidenses pro-vida y de las madres y los niños no nacidos que serán salvados de la tragedia del aborto, gracias, presidente Trump".
En una declaración del 26 de enero, el obispo Daniel E. Thomas de Toledo, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., elogió las medidas: "Una mayoría significativa de estadounidenses se opone a que se les obligue a apoyar el aborto con el dinero de sus impuestos. Estoy agradecido por el fortalecimiento de las políticas que nos protegen de ser obligados a participar en una cultura de muerte, y que nos ayudan a restaurar una cultura de vida en casa y en el extranjero".
La Iglesia católica enseña que toda vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y, como tal, se opone al aborto directo.
Tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization en junio de 2022, los líderes de la Iglesia en EE.UU. han reiterado la preocupación de la Iglesia tanto por la madre como por el hijo y han pedido que se refuerce el apoyo disponible para quienes viven en la pobreza u otras causas que pueden empujar a las mujeres a abortar.
