Las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con los inmigrantes no autorizados y las operaciones de deportación masiva han sorprendido a algunos países latinoamericanos, lo que les ha llevado a improvisar formas de hacer frente a la llegada inesperada de un elevado número de deportados.
Los obispos mexicanos han hecho un llamado a la unidad nacional frente a las políticas de la nueva administración.
Hablando de la política de la nueva administración estadounidense, los obispos afirmaron: "No podemos dejar de considerar que es preocupante la política del nuevo Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hacia México".
En un comunicado del 24 de febrero, señalaron que ante la serie de medidas que Trump "ha ido tomando desde el primer día de su responsabilidad es claro que tiene como finalidad presionar a nuestro país para lograr metas muy concretas en sus planes de gobierno: combatir la actividad del crimen organizado dedicado al narcotráfico, abordar el tema migratorio y superar las desventajas en las relaciones económicas entre los dos países que, de acuerdo con sus criterios, son desfavorables para Norteamérica".
Los obispos elogiaron a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por "su mayor apertura al diálogo", y dijeron que "tiene la oportunidad de marcar la diferencia desde su mirada y sensibilidad propiamente femenina".
Los obispos dijeron que, ante los retos de la política internacional, "los mexicanos debemos unirnos para defender al interior de nuestro país nuestra identidad, nuestra libertad, nuestros valores, nuestros derechos humanos y constitucionales, nuestras instituciones y nuestra seguridad, mediante estrategias gubernamentales incluyentes que tomen en cuenta a las distintas fuerzas políticas, a la sociedad civil organizada, a las asociaciones religiosas y la participación ciudadana en general".
Mientras tanto, en Latinoamérica, las iglesias se esforzaban por apoyar a los migrantes ante lo que los expertos católicos calificaron de continua falta de respeto a los derechos humanos básicos. A lo largo de febrero se organizaron reuniones de grupos católicos que trabajan con inmigrantes y refugiados para que sus miembros reflexionaran sobre nuevas estrategias, mientras empezaban a llegar a Panamá y Costa Rica aviones con inmigrantes deportados de varios países.
Según Roy Arias, coordinador de fronteras del Servicio Jesuita a Migrantes, que trabaja en la frontera entre Costa Rica y Panamá, sólo en la semana del 16 al 23 de febrero, dos de estos aviones trajeron a decenas de inmigrantes deportados que serán devueltos a sus naciones: China, Irán, Afganistán, Turquía, Georgia y Azerbaiyán.
Arias describió que esos vuelos traían a decenas de niños, que correspondían hasta a la mitad del total de pasajeros, e incluso a mujeres embarazadas. Los pasajeros llevaban las manos atadas y eran escoltados por agentes estadounidenses.
Dijo que estos grupos son puestos en autobuses y viajan alrededor de 250 millas hasta la frontera sur, donde permanecen bajo custodia en un centro para migrantes, descrito como una unidad gubernamental que se dice tiene condiciones deficientes.
"Nos preocupa su derecho a la protección internacional. No hay forma de saber si se les está garantizando o no en este momento", dijo Arias a OSV News.
Añadió que "probablemente muchas de esas personas tuvieron sus derechos violados". Para los cristianos, es un deber luchar por esas personas y sus derechos, dijo.
El 19 de febrero, la migrante iraní Artemis Ghasemzadeh, quien fue deportada de Estados Unidos a Panamá, concedió una entrevista al medio de comunicación francés France 24, en la que describió una serie de violaciones de derechos humanos.
Ghasemzadeh dijo que los agentes estadounidenses confiscaron los teléfonos de la mayoría de los deportados, por lo que ella fue la única que pudo contar sus historias. Su grupo estaba retenido en un hotel de Ciudad de Panamá. Todos tenían prohibido salir del edificio y sólo podían hablar entre ellos durante las comidas en el restaurante del hotel. Los agentes los vigilaban todo el tiempo.
Ghasemzadeh estaba angustiada porque ella y los otros 11 iraníes son cristianos conversos y temían ser deportados a Irán. En su país natal, abandonar el Islam es un delito.
"Antes de cruzar la frontera desde México hace un mes, había oído decir al presidente electo Trump que endurecería las medidas de deportación. Pero pensábamos que se refería a criminales, no a personas que están realmente en peligro y no han hecho nada malo", explicó a France 24.
"Todo el mundo, realmente todo el mundo, me ha pedido que diga que por favor no nos deporten a nuestro país de origen, que allí estamos en peligro", dijo, asegurando que puede vivir en cualquier otro país "que realmente defienda los derechos humanos".
"Algunas iglesias de Estados Unidos nos han tendido la mano para apoyarnos, pero hasta ahora nada ha cambiado. Estamos atrapados en un profundo estado de incertidumbre", afirmó.
"Esas situaciones son preocupantes. El gobierno generaliza los casos de los deportados, diciendo que esas personas son todas delincuentes", dijo a OSV News Rafael Lara, miembro de Red Clamor en Panamá. La organización es una red latinoamericana y caribeña que trabaja con migrantes y refugiados y trabaja para prevenir la trata de personas.
En enero, los coordinadores de Red Clamor de toda América Latina promovieron una reunión en línea con al menos 100 miembros y discutieron formas de hacer frente a la nueva realidad. Una de las decisiones fue aumentar los diálogos y la presión sobre instituciones y gobiernos de la región.
"Eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado pidiendo a nuestro gobierno que respete los derechos básicos de los deportados", dijo.
Lara recordó que Panamá fue formada con gente esclavizada de África y con trabajadores que vinieron de varias partes del globo para construir el canal. En un país así no se debe faltar al respeto a ningún inmigrante, dijo.
"Nos preocupa mucho que el gobierno panameño haya puesto sus políticas migratorias en manos de Estados Unidos. Eso es un flagrante atentado a nuestra soberanía", añadió Lara.
El gobierno no tiene realmente una estrategia, dijo, al hablar de los vuelos que llegan regularmente.
"No hay información sobre la deportación de estos grupos a sus países de origen ni sobre dónde permanecerán hasta entonces. El gobierno está improvisando", dijo.
El obispo auxiliar de San José de Costa Rica, Daniel Blanco, dirige el Observatorio Socio-pastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe (OSMECA) que se reunió del 11 al 13 de febrero para debatir las formas de enfrentar el nuevo escenario. Dijo que la principal preocupación de la organización es seguir acompañando a los inmigrantes y deportados.
"A veces", dijo Mons. Blanco a OSV News, "hemos estado enfrentando dificultades para visitar algunas instalaciones donde se mantienen a inmigrantes y deportados".
Subrayó que hay que respetar la ley y que los inmigrantes y deportados no pueden ser tratados como delincuentes.
"No deben estar esposados y encadenados. Deben tener derecho a pedir refugio en cualquier momento. Parece que ese derecho no se está respetando", dijo Blanco.
Organizaciones como Red Clamor y OSMECA también han debatido sobre cómo hacer frente a la crisis financiera provocada por la administración Trump, que recortó la ayuda estadounidense a las agencias que trabajan con migrantes, entre ellas el programa de asentamiento de refugiados de los obispos estadounidenses.
"Como siempre, contamos con la Divina Providencia para ayudarnos", dijo monseñor Blanco.
Las naciones centroamericanas ya han notado un gran movimiento de migrantes que salieron recientemente de Estados Unidos y ahora se dirigen a sus países de origen, algo que también requiere el apoyo de las organizaciones humanitarias. Costa Rica y Panamá esperan que hasta 10.000 inmigrantes crucen sus fronteras en un futuro próximo.
