Un juez federal de Texas anuló el 7 de noviembre un programa de la administración Biden para proteger de la deportación y ofrecer una vía hacia la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que viven en el país y están casados con ciudadanos estadounidenses.
El programa, conocido como "Keeping Families Together" (Manteniendo a las Familias Unidas) -- que buscaba permitir a los cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia legal permanente sin tener que salir primero de EEUU --, fue impugnado por 16 estados liderados por republicanos que presentaron una demanda después de que se pusieran a disposición las solicitudes en agosto. En ese momento, un juez dejó en suspenso el programa.
"Lamentablemente, esta decisión judicial probablemente pondrá fin al programa, ya que Trump lo dará por terminado al asumir el cargo", dijo a OSV News J. Kevin Appleby, investigador principal de política en el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y ex director de política migratoria de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).
"En su lugar, su administración comenzará a deportar exactamente a las mismas familias, separando a los niños que sean ciudadanos estadounidenses de sus padres", dijo Appleby. "Esperemos que los defensores católicos, incluidos los obispos estadounidenses, no se detengan en su oposición a los planes de deportación masiva y anti-asilo de Trump. La historia marcará cómo la iglesia en Estados Unidos defiende los derechos de los migrantes en los próximos años".
Según los términos del programa, los solicitantes deben haber residido en EEUU durante 10 años o más y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense. A las personas aprobadas por el Departamento de Seguridad Nacional se les habría permitido permanecer en EEUU durante un periodo de tres años para solicitar la residencia permanente.
En junio, la Casa Blanca había dicho que el programa beneficiaría a "aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años con progenitores casados con ciudadanos estadounidenses".
Pero el juez J. Campbell Barker, de la corte de EEUU para el Distrito Este de Texas, quien anteriormente había bloqueado temporalmente el programa, lo anuló el 7 de noviembre, argumentando que la administración se excedió en su autoridad al crear dicho programa.
Hubiera sido improbable que el programa siguiera en vigor una vez que el presidente electo Donald Trump tome posesión de la presidencia en enero.
Andrew Bailey, fiscal general de Misuri, uno de los estados que se unieron a la demanda contra el programa, dijo en un mensaje en X (antes Twitter): "El tribunal acaba de acceder a nuestra petición de anular el programa ilegal de libertad condicional de la administración Biden-Harris, que permite a los extranjeros ilegales permanecer en nuestro país después de haber cruzado la frontera. Una gran victoria para el estado de derecho".
FWD.us, un grupo de defensa de la reforma de la inmigración y la justicia penal, dijo en un post en X que estaba "profundamente decepcionado" por el fallo, argumentando que el programa representaba "un salvavidas para cientos de miles de familias estadounidenses que necesitan desesperadamente protección para no ser separadas por nuestro fallido sistema de inmigración".
Anteriormente, el obispo de El Paso, Texas, Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, había recibido con beneplácito la noticia de la norma de la administración Biden, señalando que un programa similar había estado disponible para los miembros del servicio militar y sus familias durante varios años.
En una declaración del 18 de junio, el obispo Seitz dijo: "Hemos visto los efectos positivos que pueden tener estos programas, no sólo para los propios beneficiarios, sino también para las familias, los empleadores y las comunidades que dependen de ellos", y añadió que el nuevo programa "seguramente producirá beneficios similares".
El magisterio de la Iglesia católica esboza los parámetros morales de la Iglesia sobre la inmigración. El Catecismo de la Iglesia Católica instruye: "Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen".
Al mismo tiempo, la Iglesia también ha dejado claro que las leyes humanas también están sujetas a límites divinos conocidos por la razón humana. San Juan Pablo II en su encíclica "Veritatis Splendor" ("Esplendor de la verdad") de 1993 y en su encíclica "Evangelium Vitae" ("El Evangelio de la vida") de 1995 -- citando las enseñanzas del Concilio Vaticano II en "Gaudium et Spes" (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual) -- ha citado la condena de las "deportaciones" entre otros actos específicos como ofensivos para la dignidad humana que "son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador".
El difunto pontífice subrayó su gravedad moral en "Veritatis Splendor" calificándolos de ejemplos de "mal intrínseco", explicando que, independientemente de los motivos, estos actos "se configuran como no-ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen".
En junio, el obispo Seitz había subrayado que "los legisladores tienen el deber moral y patriótico de mejorar nuestro sistema de inmigración legal, incluidas las oportunidades disponibles para la reunificación y preservación de la familia".
"Una sociedad es tan fuerte como sus familias, y la unidad familiar es un derecho fundamental", dijo. "Por el bien del país, el Congreso debe encontrar una manera de superar las divisiones partidistas y promulgar una reforma migratoria que incluya un programa de legalización ganada para los residentes indocumentados de larga data".
