Un nuevo informe confirma el hallazgo previo de OSV Newsde que las diócesis y eparquías católicas de Estados Unidos han pagado más de 5 mil millones de dólares para resolver las denuncias de abuso presentadas en las últimas dos décadas -- pero las denuncias creíbles han disminuido significativamente durante el mismo período, siendo la mayoría de los casos anteriores al conjunto histórico de protocolos anti-abuso establecidos por los obispos de EE.UU. en 2002.
Las diócesis, eparquías y parroquias católicas de Estados Unidos han "cambiado su forma de hacer las cosas" en lo que se refiere a abordar y prevenir los abusos, afirma Jonathan L. Wiggins, sociólogo y director de encuestas parroquiales del Centro de Investigación Aplicada al Apostolado (CARA) de la Universidad Georgetown.
El 15 de enero, CARA --que realiza estudios científicos sociales sobre la Iglesia Católica -- publicó un resumen de 20 años de datos anuales para el informe anual de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. sobre la aplicación del "Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes".
El documento -- adoptado por la USCCB en 2002 y comúnmente llamado la Carta de Dallas -- establece un conjunto integral de procedimientos para abordar las denuncias de abusos sexuales a menores por parte del clero católico. La Carta también incluye directrices para la reconciliación, la sanación, la rendición de cuentas y la prevención de abusos.
La revisión de las cifras realizada por CARA durante dos décadas, indica que el estatuto está funcionando, y que la Iglesia Católica de EE.UU. está haciendo verdaderos progresos en la erradicación del flagelo de los abusos clericales, dijo Wiggins.
Desde 2004, CARA ha recopilado y preparado datos para la USCCB sobre la aplicación de la Carta, utilizando encuestas por Internet y por correo.
Las encuestas de CARA complementan la auditoría anual de diócesis y eparquías realizada por una empresa externa encargada por la USCCB, que desde 2011 ha sido StoneBridge Business Partners, una compañía consultora con sede en Rochester, Nueva York, que proporciona servicios forenses y de cumplimiento normativo a una serie de organizaciones. (Las comunidades religiosas masculinas no participan en el proceso de auditoría de la Carta de Dallas, sino que muchas buscan una acreditación independiente para los protocolos y la prevención de abusos comúnmente aceptados).
Los índices de respuesta a las encuestas anuales voluntarias de CARA han sido en promedio del 99% para las diócesis y eparquías y del 72% para las comunidades religiosas masculinas, según el informe resumido de CARA. Wiggins señaló a OSV News que la Conferencia de Superiores Mayores de Hombres ha "trabajado fuertemente para animar a sus miembros a participar" en las encuestas anuales de CARA, pero subrayó que la conferencia era "una colaboración voluntaria" que no podía obligar a dicha participación.
Las diócesis y parroquias católicas de EE.UU. han "reformado completamente su forma de reclutar gente, de informar", dijo Wiggins. "Han hecho una invitación pública a presentar denuncias. Investigan los antecedentes de todo el mundo, no sólo a nivel diocesano, sino también en las parroquias. Entrenan a la gente en lo referente a abusos sexuales".
Según el informe, las diócesis, eparquías y comunidades religiosas gastaron un total de casi 728 millones de dólares en los últimos 20 años en salarios para entornos seguros, programas de formación y verificación de antecedentes. Esos costos aumentaron un 80% durante el periodo del informe.
Wiggins describió el cambio de enfoque como "bastante sorprendente", y una "historia que no sale a la luz" a menos que los datos se consideren longitudinalmente y en un contexto nacional, en lugar de simplemente a través de la cobertura mediática de un determinado acuerdo a nivel diocesano por abuso.
"A veces los titulares hacen que parezca que todo el mundo está teniendo un montón de denuncias todo el tiempo", dijo.
En el período 2004-2023, las diócesis, eparquías y comunidades religiosas de EE.UU. consideraron creíbles un total de 16.276 denuncias de abusos a menores por parte de sacerdotes, diáconos y religiosos: el 82% por parte de diócesis y eparquías y el 18% por parte de órdenes religiosas.
Una denuncia, definida como "una víctima que alega que hubo un acto o actos de abuso por parte de un presunto autor", puede representar "una única agresión o una serie de agresiones a una única víctima a lo largo de muchos años", según el informe.
Pero, subrayó CARA, "para que quede claro, estas denuncias creíbles de comportamientos abusivos no se produjeron a lo largo de los 20 años de la encuesta, sino a lo largo de los más de 80 años sobre los que se pregunta en las encuestas anuales".
Durante el periodo de 20 años de la encuesta, según el informe, "una mayoría de diócesis, eparquías y comunidades religiosas de hombres no tuvieron ninguna denuncia creíble, en promedio, tres de cada cinco (60%) no tuvieron denuncias en un año concreto de la encuesta".
El resumen del informe dice que "más de nueve de cada diez de las denuncias creíbles se produjeron o comenzaron en 1989 o antes (92%), el 5% se produjeron o comenzaron en la década de 1990 y el 3% se produjeron o comenzaron a partir del año 2000".
La mayoría de los presuntos autores, el 86%, "fueron identificados como fallecidos, ya apartados del ministerio, ya expulsados del sacerdocio o desaparecidos", dice el informe.
Esa cifra "no es una sorpresa", afirma CARA en su comunicado de prensa del 15 de enero, "ya que casi siete de diez (72%) de los presuntos abusos ocurrieron en 1979 o antes, entre 20 y 50 años antes de que se realizara la primera encuesta de CARA en 2004".
El otro 14% fueron "apartados permanentemente del ministerio o retirados del mismo durante el año" de esa encuesta en concreto, según el informe.
El informe también reveló que el 95% de los presuntos abusadores eran sacerdotes, el 80% eran sacerdotes diocesanos y el 15% religiosos, mientras que el 4% eran hermanos religiosos y el 1% diáconos diocesanos o religiosos.
La mayoría de las víctimas de abusos (80%) eran varones y más de la mitad (56%) tenían entre 10 y 14 años al comienzo de los abusos, mientras que el 24% tenían entre 15 y 17 años y el 20% 9 años o menos.
El informe no especuló sobre los posibles factores subyacentes a la demografía de los presuntos abusadores y sus víctimas, y Wiggins dijo a OSV News que tales consideraciones estaban fuera del alcance del estudio.
Sin embargo, según una investigación citada por la Red Nacional sobre Violaciones, Abuso e Incesto (RAINN por sus siglas en inglés), que gestiona la Línea Nacional Gratuita de Denuncias de Asaltos Sexuales (800-656-HOPE), la mayoría de los que abusan de menores (88%) son varones.
Wiggins también destacó las adaptaciones metodológicas que él y sus compañeros investigadores han tenido que hacer a lo largo de los años a medida que se han ido desarrollando los escándalos de abusos clericales.
Una de esas adaptaciones fue la adición en 2016 de una nueva clasificación en la encuesta para las denuncias: "no se puede probar".
Mientras que las denuncias "creíbles" e "infundadas" se consideran como tales en función de las pruebas recopiladas a través de una investigación, CARA comenzó a incluir la categoría "no se puede probar" para catalogar aquellas denuncias de las que "se conocía información limitada y no se podía realizar una investigación preliminar exhaustiva". Entre las razones para la falta de información se incluye: fallecieron ambas partes en una determinada denuncia, así como restricciones debidas a acciones judiciales e investigaciones estatales.
En las tres categorías (creíbles, infundadas e imposibles de probar), las reclamaciones pueden o no haber sido indemnizadas, según el informe.
Con la adición de la categoría "no se puede probar" en 2016, "la proporción de denuncias consideradas creíbles por las diócesis, eparquías y comunidades religiosas de hombres ha disminuido del 82% al 54%", señala el informe.
Al mismo tiempo, Wiggins advirtió que, por lo general, hay un lapso de tiempo considerable entre la comisión del abuso y el momento en que se da a conocer, una brecha que podría afectar a los datos futuros.
En cuanto al 3% de denuncias creíbles desde 2000, Wiggins señaló que los incidentes de abusos "que se producen ahora mismo pueden no salir a la luz hasta dentro de una década o algo así. No podemos decir: Oh, ahora sólo ocurre el 3%. Sólo podemos decir: Ahora solamente se denuncia el 3%".
Aunque la vigilancia continua contra los abusos seguirá siendo crucial, Wiggins se mostró optimista sobre los progresos realizados hasta ahora.
"No es fácil para una organización como la Iglesia Católica hacer un gran cambio, (pero) realmente han cambiado cómo hacen las cosas, fundamentalmente", dijo. "Y, por supuesto, no podrían girar en un instante, pero realmente han hecho los cambios".
