La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) ha demandado a la Administración del presidente Donald Trump por la «suspensión ilegal» de la financiación de los programas de ayuda a los refugiados. La noticia, anunciada anteayer a través de una nota episcopal sigue a una carta enviada la semana pasada por el Papa a los obispos estadounidenses en la que destacaba «la gran crisis que se está produciendo en Estados Unidos debido al inicio de un programa de deportación masiva». Francisco subraya:
“Un auténtico Estado de Derecho se da en el trato digno que merecen todas las personas, especialmente las más pobres y marginadas”
Una decisión que dificulta la asistencia
En la demanda, presentada el martes pasado ante el Tribunal de Distrito de Washington, la USCCB critica en particular la decisión «unilateral e inexplicable» de la Administración Trump de suspender la financiación de los programas de asistencia a los refugiados.
Los obispos estadounidenses recuerdan el trabajo realizado «durante casi medio siglo» con la Oficina de población, refugiados y migración del Departamento de Estado, que ha ayudado a «casi un millón de personas a encontrar seguridad y construir sus vidas en Estados Unidos».
La Oficina para los refugiados ha comprometido «aproximadamente 65 millones de dólares en financiación federal» a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y sus afiliados para servicios a los refugiados. Sin embargo –según denuncia la USCCB – el 24 de enero el Departamento de Estado suspendió la financiación «sin previo aviso», enviando a la Conferencia Episcopal únicamente una «carta superficial de dos páginas» informándoles de la suspensión.
Los resultados de la suspensión han sido «devastadores» para los refugiados, denuncian los obispos, que señalan «millones de dólares en reembolsos pendientes e impagados por servicios ya prestados a los refugiados» a los que añaden «millones más cada semana».
Respetar las obligaciones legales y morales
«Hacemos un llamamiento urgente al gobierno para que cumpla sus obligaciones legales y morales con los refugiados y restablezca la financiación necesaria para garantizar que las organizaciones comunitarias y religiosas puedan continuar su vital labor, que refleja los valores de compasión, justicia y hospitalidad de nuestra nación», declaró Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB.
Según la legislación estadounidense, recuerda la nota, un refugiado es una persona obligada a abandonar su país de origen debido a la persecución o al temor fundado de que pueda ser perseguida por su nacionalidad, raza, religión, opinión política o pertenencia a algún grupo social concreto.
“Para acceder a los programas de ayuda a los refugiados, hay que pasar por un largo proceso de aprobación antes de llegar a suelo estadounidense. Todas estas personas tienen la condición legal para estar en los Estados Unidos de América”
El apretón de Trump
Tras su toma de posesión el mes pasado, Trump emitió varias órdenes ejecutivas que congelaban los fondos y subvenciones de ayuda exterior, entre otras medidas, mientras la Casa Blanca trataba de erradicar numerosas iniciativas en programas financiados con fondos federales. Entre ellas, los recortes en los programas de ayuda a los refugiados, anunciados al mismo tiempo que los planes para repatriar a decenas de miles de migrantes.
Las órdenes ejecutivas de Trump han provocado una oleada de desafíos legales por parte de defensores y grupos sin ánimo de lucro que afirman que la congelación de la financiación es ilegal. Otros grupos, como Catholic Charities, han instado a la administración Trump a reconsiderar la congelación, destacando la «ayuda crucial» que esta financiación contribuye a proporcionar.
