Grupos católicos que ministran a migrantes y refugiados están expresando su preocupación por la orden del presidente Donald Trump de revocar el programa de "parole" humanitario que permite a los migrantes legales de cuatro países de América Latina y el Caribe conectarse con familiares patrocinadores y obtener permisos temporales de estancia y trabajo en los Estados Unidos.
El Registro Federal publicó la orden oficial que elimina el estatus legal temporal para 532,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, CHNV, el 25 de marzo.
El documento dijo que el estatus de los ciudadanos de estos cuatro países con un "parole" o permiso humanitario temporal terminará 30 días después de esa fecha. Desde octubre de 2022 hasta enero de 2025, migrantes de estos países han llegado a EEUU con autorización previa para trabajar y estar con sus patrocinadores.
En el anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que daba "por terminados los programas de libertad condicional CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) a partir del 25 de marzo de 2025" y que los beneficiarios del programa que no tengan una base legal para permanecer en EEUU "deben salir del país antes de la fecha de vencimiento de su permiso", es decir antes del 24 de abril de 2025.
El anuncio -- promulgado por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional -- argumentó que el Congreso pretendía que la autoridad del gobierno para este tipo de "parole" estuviera "estrechamente adaptada a casos específicos", no a un amplio conjunto de criterios y que las determinaciones de elegibilidad "hechas caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias únicas de cada extranjero".
"La libertad condicional (parole) es inherentemente temporal, y la libertad condicional por sí sola no es una base subyacente para obtener ningún estatus migratorio, ni constituye una admisión en Estados Unidos", añadió.
La portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) calificó la terminación del programa de parole CHNV de "contraproducente" para los objetivos declarados de la administración Trump de promover el respeto por el estado de derecho y reducir la tensión en las comunidades en EEUU.
"Instamos a la Administración a considerar el impacto adverso de esta acción en los ciudadanos y no ciudadanos por igual, especialmente teniendo en cuenta las condiciones actuales en varios de los países implicados", dijo Chieko Noguchi de la USCCB en una declaración proporcionada a OSV News.
La doctrina social católica sobre la migración, explicada por la USCCB, equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para mantener sus vidas y las de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.
Noguchi señaló que poner fin al programa CHNV conduciría a una mayor interrupción de la estabilidad de aquellos que son miembros contribuyentes de la sociedad, que trabajan y pagan impuestos y crían familias en los EEUU. Dijo que la conferencia episcopal pidió a la administración "trabajar con el Congreso en una reforma significativa del sistema de inmigración de nuestra nación que proporcione fronteras bien reguladas y una inmigración humana y ordenada".
Randy McGrorty, director ejecutivo de los Servicios Legales Católicos de la Arquidiócesis de Miami, dijo que en su parte de Florida, un segmento significativo de la población proviene de los cuatro países mencionados.
Dijo a OSV News que los inmigrantes afectados por la terminación del programa CHNV contribuyen a la economía local porque trabajan en empleos de servicios de alta demanda, como la hostelería, la construcción, el cuidado de personas y la agricultura.
"Este grupo ha ocupado realmente estos puestos críticos. Por eso digo que es muy importante para el sur de Florida, porque este grupo son muy a menudo familiares de ciudadanos estadounidenses", dijo McGrorty. "Son vecinos de ciudadanos estadounidenses y realizan un trabajo crítico que beneficia a los ciudadanos estadounidenses".
McGrorty dijo que, en un plazo de 30 días, todos estos empleados se quedarán sin trabajo, ya que la revocación del "parole" humanitario temporal incluye la cancelación de los permisos de trabajo que fueron entregados a los participantes del programa CHNV.
"Es algo muy preocupante para la comunidad del sur de la Florida", dijo.
Aparte de explicar lo que significa el aviso del Registro Federal y si hay otra forma de alivio, dijo que "hay muy poco" que se pueda hacer por ellos.
McGrorty dijo que ha estado en la asistencia legal en materia de inmigración desde 1993 y en la actualidad, el país se encuentra en un período que es "extremadamente poco acogedor".
"Siempre le recuerdo a la gente que, aunque somos un país de inmigrantes, Estados Unidos nunca ha sido especialmente acogedor con los inmigrantes. Siempre ha habido una reticencia a acoger al extranjero, algo que forma parte de nuestra fe católica", afirmó. "Ahora mismo, hay un esfuerzo muy concentrado para deportar a la gente".
"Estas son personas que están huyendo por sus vidas", dijo una persona cuya organización católica en el suroeste de la nación trabaja con migrantes de los cuatro países en el programa. La defensora de los migrantes habló con OSV News a condición de que ni ella ni su organización fueran nombradas.
"Así que cuando me enteré de que estas personas tienen hasta el 24 de abril para regresar a sus países, es difícil imaginar las situaciones a las que regresan", dijo. "Y creo que sólo animará a la gente a esconderse más aquí porque la muerte y el encarcelamiento o el secuestro son casi seguros una vez que regresen".
La defensora de los migrantes reiteró que todas las familias con las que trabajó su grupo, hasta el cierre de la frontera en enero, entraron legalmente. Y lo hicieron tras escapar de situaciones de extorsión, tener que pagar dinero de protección a los cárteles de la droga, ser secuestrados y "huir realmente de situaciones de vida o muerte".
La defensora también dijo que su organización es ahora un recurso para los migrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, remitiéndolos a consulados y grupos de derechos humanos para tratar de obtener ayuda legal y buscar otros medios para permanecer en el país legalmente.
La directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, Anna Gallagher, dijo en un comunicado que su grupo, también conocido como CLINIC, cree que la terminación del programa CHNV es "un golpe devastador para miles de personas vulnerables que buscan seguridad y estabilidad" y que dicha terminación viola "la obligación moral y legal de nuestra nación de acoger a quienes huyen de la persecución y la violencia".
"Negar vías seguras para los migrantes contradice estos valores y no reconoce la humanidad dada por Dios a los necesitados", dijo. "CLINIC insta a la administración a revertir el curso y proteger a los más vulnerables entre nosotros".
