Casi 10 millones de indocumentados son arrestados por las autoridades cruzando la frontera sur anualmente. El peligro de hacerlo es enorme y la inmigrante hondureña Carla L. (47) lo vivió en carne propia con daños psicológicos que la han marcado de por vida.
Llegar a Estados Unidos es un sueño que todos añoramos alcanzar, dice, porque nos da la oportunidad de ayudar a nuestras familias en Latinoamérica y darles educación y un mejor futuro a nuestros hijos. “Créame, lo he vivido, y no vale la pena correr el riesgo”, dijo a quienes planean hacer la odisea.
Quien fue parroquiana de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, de Bethesda, MD, perdió a su bebé al cruzar el Río Grande y fue violada por un agente de la frontera cuatro días después. Aunque su esposo y sus tres hijos son estadounidenses, esta residente indocumentada de Iowa ha vivido 19 años en las sombras, pero sin perder la esperanza de legalización. Caridades Católicas de Gaithersburg, Maryland, la ha asesorado durante una década, lleva su caso y parece que ahora Carla puede ver la luz al final del túnel -aunque el trauma sigue latente.
Contó que el abuso sexual fue precisamente la razón para dejar su tierra. Fue secuestrada por tres días por un profesor de su universidad y abusada por 2 años en su natal Honduras. Lo reportó a la policía, pero nunca fue ayudada. Quedó embarazada, pero nunca se planteó un aborto. “Dios me dio fortaleza”, dice apegada a Dios, su fe y sus valores católicos.
Decidió emigrar al norte con su hijo de 18 meses, tras el sueño de una mejor vida. Jamás imaginó la tragedia que iba a encarar. “Uno es inocente y cree en el coyote, pero la verdad, uno no sabe si lo van a asesinar o violar. Uno tiene que obedecer”, dijo esta madre hondureña.
Le habían explicado que cruzarían el río en bote, pero le mintieron. Quien no sabe nadar, recuerda que cruzaron de noche, la corriente los arrastraba y todos gritaban. Contó entre lágrimas, que una persona del grupo de cinco le quitó el niño -probablemente para agilizar y avanzar- y el pequeño se ahogó. Por el ruido, los agentes de la patrulla fronteriza los ubicaron.
El 28 de febrero de 2005, las autoridades los arrestaron por cuatro días y también recuperaron el cuerpo del bebé.
Al ser liberada, un agente uniformado estaba encargado de ubicarla en un motel. “Recuerdo que tomé Gatorade y me imagino que la bebida tenía ‘algo’. Al pasar el efecto, me iba despertando y sentía mucho dolor en mis partes íntimas cuando me cambié la ropa. Me di cuenta de que fui abusada sin darme cuenta”, dijo en su primera entrevista a la prensa.
El abusador la amenazó diciéndole que mantenga silencio ya que nadie le iba a creer a ella. Le confesó que era casado y con hijos. “Tenía mucho miedo y nunca hice la denuncia”, dijo Carla. Escribió su nombre, pero con el tiempo eliminó las anotaciones al igual que todas las pertenencias de su hijo fallecido.
Las dos experiencias de abuso y la trágica muerte de su bebé siguen en su mente. Confiesa que recibió y sigue recibiendo terapia psicológica. “Es un trauma, es un proceso. Recién hace pocos años pude contarle lo ocurrido a mi terapeuta. Incluso, aún sigo llorando por mi bebé”.
Carla se estableció en Maryland, donde tenía hermanos y primos. “Lo primero que busqué fue una Iglesia Católica. La comunidad que tengo es mi iglesia, así que hablé con un sacerdote y pregunté en qué puedo servir”, expresó esta mujer de fe.
Ha estudiado magisterio y psicología en Honduras, pero al llegar a este país tuvo que hacer otro tipo de trabajos para salir adelante. Cocinaba y vendía la comida, cuidaba niños, fue empleada en un restaurante y también limpió casas.
Hace varios años, se mudó al estado de Iowa por motivos familiares y ya no trabaja.
Su caso
Como encara orden final de deportación, fue a Caridades Católicas de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington en busca de una solución para legalizar su estatus migratorio. Le dijeron que era un caso muy difícil, con limitadas opciones, pero Carla fue tenaz y jamás perdió la esperanza. “Nunca cerré la puerta, siempre preguntaba” si había una opción en su caso.
Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración de esa organización, ratificó el testimonio de la señora y agregó que “debido a los lamentables sucesos en su vida, esta inmigrante no pudo acudir a la audiencia correspondiente al procedimiento de expulsión del país”.
Hizo una petición de residencia permanente como esposa de un estadounidense el 16 de julio de 2013. Fue un largo trayecto legal -dijo Celia- ya que la peticionaria tuvo que esperar a que su caso fuera aprobado en 2014 y de allí ser transferido al Centro Nacional de Visas (Departamento de Estado). Tuvo que someter nuevamente una solicitud para admisión después de la deportación/remoción (01/13/2021) y fue aprobado -explicó.
Recién con esa aprobación pudo llenar la forma I-601A (exención por presencia ilegal, también conocido como perdón) el 9 de septiembre de 2021. Este procedimiento es para evitar que el peticionario, que ingresó y vivió de modo ilegal, tenga que cumplir el castigo de diez años fuera de EEUU.
“Desde entonces, su caso está pendiente”, aclaró Celia, quien también requirió discrecionalidad del fiscal en la jurisdicción donde se emitió la orden de remoción. Las autoridades han aceptado reabrir el caso y desestimarlo, pero aún Carla está a la espera de que se emita la resolución.
Para proceder con el caso, el perdón tiene que ser aprobado, así concluir el proceso de obtención de visa, entonces ella debe acudir a una entrevista en el consulado estadounidense en Honduras.
La buena noticia para Carla es que el programa recientemente anunciado por el gobierno estadounidense le va a permitir recibir su residencia sin salir del país. “Ella califica para ser considerada para la concesión discrecional del permiso de permanencia temporal porque cumple los requisitos”, dijo Celia.
Los requisitos son: Haber estado físicamente presente en EEUU sin admisión ni permiso de permanencia temporal. Haber estado presente continuamente en EEUU durante por lo menos 10 años previos al 17 de junio de 2024. Haber estado casada con un estadounidense antes del 17 de junio del 2024.
“Ella podrá ser elegible para el programa de permanencia temporal que le dará un permiso de trabajo por 3 años, durante los cuales podrá registrar su petición de ajuste de estatus en EEUU ya que su petición familiar ha sido aprobada previamente”, dijo la experta que lleva su caso.
“Es como estar en agonía, viviendo constantemente con miedo. Trato de vivir cada día como si fueran las estaciones del viacrucis. Dios está conmigo”, dijo quien vive en la incertidumbre desde hace casi dos décadas.
Anhela ver a su madre y sus dos hermanos en su país, pero sabe que tiene que seguir esperando pacientemente. “Dios ha caminado conmigo todos estos años”, dijo.
Carla y sus hijos son activos en la Iglesia Católica. Como ministros de la comunión, visitan a personas mayores y enfermas, les llevan comida y la palabra de Dios. “Me ha ayudado mucho mi fe. Encarando los obstáculos de la vida, a veces uno cree que es el final, pero Dios ha sido mi guía y me ha enseñado que en medio de la oscuridad hay luz”.
La nueva acción ejecutiva del gobierno permite a determinados cónyuges e hijos indocumentados de estadounidenses solicitar la residencia permanente sin salir del país. Se estima que 550.000 personas podrían beneficiarse de esta medida.
La primera victoria en este caso se dio hace pocos días, cuando un juez de Inmigración de la corte de San Antonio, Texas, desestimó la orden de deportación de Carla. La batalla por su green card continúa.
