Trabajadores beneficiados con el programa TPS piden su continuidad en Washington frente a la Casa Blanca. (Foto/archivo)
Trabajadores beneficiados con el programa TPS piden su continuidad en Washington frente a la Casa Blanca. (Foto/archivo)

La organización comunitaria CASA en Acción presentó una demanda ante un tribunal federal en Maryland pidiendo el restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para El Salvador, en vista de que muchos de los beneficiarios llevan casi dos décadas viviendo en el país y son padres de miles de niños y jóvenes con nacionalidad estadounidense.   

Nicholas Katz, asesor legal de CASA, dijo que la decisión del gobierno de poner fin al TPS para El Salvador sigue un patrón claro de animadversión racial inadmisible contra las comunidades inmigrantes, ignorando por completo el impacto en las familias, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses. 

“Esta demanda está en el lado correcto de la ley. No se puede aceptar que acciones insensibles e ilegales afecten a pequeños nacidos en este país”, dijo Katz a la prensa. 

Agregó que CASA en Acción presentó esta demanda en un esfuerzo por impugnar la terminación ilegal del programa TPS para El Salvador, una decisión no basada en un análisis razonado como lo requiere la ley, sino motivada por la animadversión racial contra los inmigran-tes.

Por su parte, la salvadoreña Elsy Alfaro, madre de cinco niños nacidos en Estados Unidos, explicó que la cancelación del TPS la coloca en una situación legal extrema y con un alto riesgo de ser deportada. “Lo que este gobierno me pide que haga en este momento es inhumano y desintegraría a nuestra familia. Miles de otros ‘tepesianos’ de El Salvador y yo no nos daremos por vencidos”.

Es importante precisar que esta demanda va en concordancia con las acciones legales que realiza una coalición de dieciocho estados que buscan frenar la deportación de cientos de miles de beneficiarios del TPS después de que el amparo migratorio expire.

Los fiscales de esos estados presentaron el mes pasado un documento de “amicus curiae” (amigo de la corte) para respaldar una querella que alega que la reciente terminación del TPS para nativos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán viola sus derechos al debido proceso.

El “amicus curiae” es una figura jurídica que permite a actores ajenos a un juicio ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso.

Los fiscales calificaron, además, de discriminatoria la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de acabar con esos permisos, y consideraron que fue impulsada por el punto de vista “racista” del presidente Donald Trump.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, que lidera la coalición, señaló que los beneficiarios del TPS “han seguido las reglas y probado el valor de esa protección”.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestros vecinos y colegas son arrancados de sus familias. Continuaremos luchando por los titulares de TPS, nuestra seguridad pública y nuestra economía próspera”, apuntó Becerra en un comunicado.

Los fiscales, además, recordaron que muchos beneficiarios de TPS han vivido en el país “durante una década o más” y han creado familias y empresas, comprado casas y contribuido significativamente a sus comunidades.

En los últimos meses, el Gobierno de Trump ha arrebatado la protección del TPS a 55.000 hondureños, 195.000 salvadoreños y 50.000 haitianos, entre otros, a los que ha dado entre 12 y 18 meses para que regresen a sus países o que cambien su estatus migratorio.

Una vez superadas las fechas límite, la Administración podría deportar legalmente a todas esas personas sin amparo migratorio.

El TPS es un programa creado en 1990 con el que EE.UU. concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.