Activistas expresan en Washington su apoyo al programa TPS. (Foto/archivo)
Activistas expresan en Washington su apoyo al programa TPS. (Foto/archivo)
Un grupo de 22 fiscales generales, más la ciudad de Washington, anunció recientemente la presentación de un texto de apoyo a la demanda que pide frenar la deportación de cientos de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) después de que el amparo migratorio expire. La medida es liderada por el fiscal general de California, Xavier Becerra.

El "amicus brief", como se denomina un texto de apoyo a una causa en litigio aportado por un tercero, solicita a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de San Francisco que mantenga la orden preliminar que bloquea la decisión del presidente Donald Trump de terminar el TPS para los nativos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán por violar sus derechos al debido proceso.

"No daremos marcha atrás frente a la cruel campaña del Gobierno de Trump de romper nuestras comunidades", afirmó Becerra en un comunicado.

Becerra remarcó que "el país se impulsa en las contribuciones de todos los vecinos, sin tener en cuenta su origen" por lo que la "xenofobia de Trump no tiene espacio".

En concreto, el texto señala el impacto que estas deportaciones provocará en cientos de miles de niños estadounidenses por la "forzada separación" de sus padres y la pérdida de ingresos por los impuestos abonados por los beneficiarios del programa.

El año pasado, el Gobierno de Trump arrebató la protección del TPS a 55.000 hondureños, 195.000 salvadoreños y 50.000 haitianos, entre otros, a los que ha dado entre 12 y 18 meses para que regresen a sus países o cambien su estatus migratorio.

Una vez superadas las fechas límites, la Administración podría deportar legalmente a todas esas personas sin amparo migratorio.

El TPS, programa creado en 1990 por el Gobierno de EEUU, concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. EFE