Los trabajadores hispanos representan una pieza importante en el desarrollo del país. (Foto/archivo)
Los trabajadores hispanos representan una pieza importante en el desarrollo del país. (Foto/archivo)

Es una realidad que Estados Unidos sigue siendo un territorio de inmigrantes, donde la mayoría de ellos enfrentan grandes desafíos al buscar un futuro mejor. No obstante, debajo del tan anhelado “sueño americano” subyace una dura —y a veces desconocida— realidad llena de prejuicios, hostilidades y restricciones de todo tipo, que han de soportar las personas que llegan a este país.

La historiadora Julie Greene, profesora y codirectora del Centro de Estudios de Migración Global de la Universidad de Maryland, habló sobre el particular en una reciente charla en el BlackRock Center for the Arts, en Germantown, titulada “Lo que subyace en América: inmigrantes y la larga historia de luchas por la igualdad”.

La doctora Greene centró gran parte de su discurso en la xenofobia, que definió como “el desagrado y la desconfianza hacia personas de otro país”, y se refirió al hecho de que el grado y el carácter en que se manifiesta la xenofobia cambian con el tiempo, alcanzando un punto álgido cuando un país está pasando transformaciones económicas, demográficas o sociales. En el caso de Estados Unidos, la xenofobia se agrava cuando los ciudadanos se sienten amenazados por los cambios.

Los cambios acaecidos a lo largo de la historia en Estados Unidos han sido cruciales para poder entender la democracia actual y, hasta cierto punto, la perdurabilidad de la xenofobia y el racismo.

La abolición de la esclavitud en 1865 tras la Guerra de Secesión tuvo como objetivo proteger los derechos de las personas de raza negra, en el marco de la Constitución de Estados Unidos.

En el siglo XX, se derogaron las leyes Jim Crow que defendían la segregación racial en todos los edificios públicos y se aplicaban a todos los grupos étnicos que no fueran blancos. El largo proceso de desegregación culminó con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la de Derecho al Voto un año después.

La abolición de la esclavitud prohibía la discriminación por raza, color, religión, sexo y país de origen en las escuelas y espacios públicos, y la derogación de las leyes Jim Crow acabó con las barreras creadas por el propio Estado para limitar el sufragio en las elecciones federales, estatales y locales. No obstante, la estigmatización racial aún es, en cierta medida, tangible en Estados Unidos, un país cuya historia es relativamente joven si la comparamos con la de otras naciones.

No es fácil responder a la pregunta “¿Por qué siguen existiendo el racismo y la xenofobia en Estados Unidos?”, aunque si tenemos en cuenta que el objetivo del político o la autoridad es la perpetuación en el poder para poder aplicar sus propias reglas de juego y controlar el orden mundial, la exclusión del otro, del que es “diferente” efectivamente facilitará ese propósito.

A pesar de que las diferencias entre afroamericanos y blancos se han estrechado con el tiempo, los sistemas judicial y policial, y también los prejuicios individualizados y laborales siguen abocando a gran parte de la población que reside en Estados Unidos a situaciones discriminatorias.

La contínua decadencia de la clase media estadounidense es una realidad. Y a pesar de que la sociedad norteamericana aboga por la igualdad social, la identidad racial sigue siendo una marca inapelable que se transmite de una generación a otra. Es una marca que condiciona las oportunidades en cuanto a estudios, condiciones laborales y posibilidades de ascenso social y salarial.

La actual administración republicana parece culpar a naciones foráneas de todos y cada uno de los problemas con los que se enfrenta. Y es que la inseguridad, la criminalidad, el tráfico de drogas y otros problemas similares que afectan al territorio norteamericano -según el presidente Donald Trump- parecen tener su raíz en la inmigración. Mas a pesar de que la anterior administración de Obama deportara a 3.2 millones de inmigrantes, superando con creces el número de deportaciones llevado a cabo por ninguna otra administración, las constantes acusaciones que Trump dirige contra los inmigrantes no tienen precedentes.

¿Cómo habría que abordar las incesantes olas de inmigrantes que huyen de sus países o que llegan a Estados Unidos con el propósito de labrarse un futuro digno? ¿Qué políticas de inmigración son las más adecuadas, y cuáles son las cuotas de admisión de inmigrantes? ¡Imposible dar con la panacea! Y francamente complicado ajustar las políticas migratorias sin antes ir a la raíz del problema. En primer lugar, habría que entender los motivos por los cuales muchos inmigrantes huyen de sus países de origen como la pobreza, criminalidad, violación de los derechos fundamentales, etcétera. Es un requisito previo para que los Gobiernos puedan abordar el problema de forma efectiva.

Son muchas las injusticias que a diario se dan relacionadas con la inmigración. De unas podemos responsabilizar a los poderes políticos, a la autoridad, pero de otras debe responsabilizarse a la misma sociedad. Por ejemplo, debería cesar la práctica de los empleadores que buscan contratar a inmigrantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, aprovechándose de su situación de “indocumentados”.

Un ejemplo deplorable al que aludió también Greene es el del favoritismo con que actúa el Gobierno estadounidense a la hora de aprobar visados de asilo político, y que está estrechamente ligado a los lazos políticos que existan con el Gobierno de turno que sufre el éxodo.

Una muestra la tendríamos en el considerable flujo de cubanos que emigraron a Estados Unidos a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y la facilidad con que se ha ido acogiendo a estos inmigrantes que “huían” del régimen del Partido Comunista cubano. Una acogida que siempre ha interesado a las diferentes administraciones norteamericanas, porque ha supuesto un desafío a la soberanía cubana.

Otro ejemplo al que se refirió la doctora Greene y que ilustra una más de las injusticias atribuibles al poder político, es el respaldo del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras. La actual administración norteamericana no tiene interés alguno en conceder asilo político a ciudadanos de gobiernos que respalda, a lo cual se suma que estos éxodos manchan la imagen y los gobiernos de los países centroamericanos.